- desaparición-violencia que envía una alerta de terror a la sociedad (por tanto, con efectos de inmovilización).
- desaparición-violencia en el marco del feminicidio, que refuerza el mensaje de la subordinación y el retorno al hogar de las mujeres, a través del dominio sobre su cuerpo.
- desaparición-violencia como ensayo de impunidad, a partir del encubrimiento posterior, especialmente con la culpabilización de las víctimas y los sobrevivientes, y la personalización de un hecho político (crimen pasional, desaparición voluntaria). Instituciones como el Ministerio Público desempeñan aquí un papel distractor fundamental.
- desaparición-violencia con objetivos múltiples y conectados: en el caso de Mayra, inmovilización social, mensaje específico a las mujeres, posible conexión con la investigación sobre adopciones ilegales que Mayra realizaba. En la actualidad, violencia en un marco de interrelación de poderes e intereses, tanto tradicionales como criminales, tanto históricos como emergentes.
- desaparición-violencia como demostración de poder y autoridad hacia otros sectores económicos, políticos y militares en disputa.
Andrés Cabanas
La desaparición de Mayra Gutiérrez, el 7 de abril de 2000, marca un antes y un después en el desarrollo de los Acuerdos de Paz. Antes, predomina la confianza, aunque disminuida y “esceptizada”: es decir, reducida al escepticismo por las múltiples contradicciones y vacíos del proceso. Predomina la apuesta por la construcción de una institucionalidad orientada al beneficio de las mayorías, la creencia en la posibilidad de reducción de la injusticia, el impulso de una cultura y práctica política fundamentada en el consenso.
Después: crece la sospecha de que los Acuerdos de Paz son, para algunos sectores, herramientas de consolidación de su poder, a partir de la reconfiguración del modelo de explotación. Se consolidan la exclusión y la violencia como medios, la desigualdad como consecuencia, la hegemonía de los criollos (familias, empresas, grandes corporaciones) como objetivo: predominio del 2% de la población sobre el 98% restante.
La desaparición de Mayra acentúa el deterioro de un proceso tempranamente bajo reserva: a partir de 1997, el primer año de vigencia de los Acuerdos, se opera la privatización de empresas estatales, lo que contraviene la necesidad de un Estado fuerte, orientador de desarrollo justo y equitativo. Inicia ese mismo año la llegada de empresas transnacionales, cuyas dinámicas de obtención de ganancia comprometen las lógicas de beneficio colectivo.
En 1998 se produce el asesinato de Monseñor Gerardi. En 1999, el desconocimiento público por parte del gobierno de las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y el fracaso pretendido y anunciado de las reformas constitucionales previstas (entre ellas, las que amplían el margen de derechos de los pueblos indígenas). En 2000, el inicio del gobierno del Frente Republicano Guatemalteco, un partido vinculado con el genocidio y la economía criminal, que no reconoce los Acuerdos de Paz como compromiso de Estado. También en 2000 se define el principio del fin del pacto fiscal y el compromiso de solidaridad explícito en el mismo: que quienes más tienen contribuyan al desarrollo colectivo.
La desaparición de Mayra, además de una lectura en el marco de la ralentización y posterior reversión del proceso de paz, puede vincularse a dinámicas aún vigentes:
La Guatemala sin Mayra de 2010 es la prefigurada hace una década: excluyente, individualizada, construida por y para el dominio de unos pocos: corporaciones, partidos políticos, transnacionales, militares. La sociedad sin Mayra todavía es débil, desarticulada, sin capacidad hegemónica. Pero es también “sociedad como” Mayra: fuerte, dulce, soñadora, terca, hermosa, consecuente, solidaria, con ganas enormes de vivir, libre, muy libre, siempre amada y amante. Guatemala y Mayra. Mayra y Silvio Rodríguez:
“En todo caso la sabrás presente, latiendo aún para las nobles cosas, y no partida y con el alma inerte”.
Sin espacio para el sueño, diciembre de 2002, en
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