Guatemala, 30 años de impunidad

Guatemala, 30 años de impunidad

Armando Ramírez

El ejército guatemalteco asesinó a nuestros padres, Rodolfo Ramírez, secretario general de la Federación Autónoma Sindical de Guatemala (Fasgua), y Andrea Rodríguez de Ramírez, su esposa, ambos de 49 años de edad. Quienes lo planearon y ejecutaron gozan de plena libertad e impunidad, 30 años después.

El 15 de abril de 1980, nuestros padres, acompañados de uno de los hermanos menores, volvían del centro de la ciudad. El hermano acaba de abrir la malla que servía de portón.

Dos automóviles bloquearon el paso, encerrándolo. Varios individuos con vestimenta característica del oriente del país dispararon sus armas, calibre 45, contra el rostro y el pecho de ambos.

Él murió de inmediato tras decir: “Ahora sí, Andrea”. Ella logró abrir los ojos e intentó decir algo a los hermanos que se acercaron a ellos, tras escuchar los disparos.

El hermano, de 15 años, quien les acompañaba se salvó, pero los atacantes le amenazaron que callara o ellos regresarían por él. Un automóvil con hombres armados en su interior permaneció varios minutos a unos metros de nuestro domicilio.

Unos 45 minutos después, se presentaron elementos de una unidad de asalto de la policía, conocidos como Swat, quienes se rieron de la posición en que quedaron nuestros padres y cuando uno de los hermanos pidió que se retiraran, respondieron con amenazas y sólo se fueron tras la intervención de los vecinos.

Nuestra madre era obrera de la industria costurera y al casarse se dedicó por completo al cuidado de nosotros, sus hijos. Nuestros padres recién habían cumplido 25 años de casados.

Nuestro padre era secretario general del Sindicato de Albañiles y Similares de Guatemala y de la Federación Autónoma Sindical de Guatemala (Fasgua), integrante del Comité Ejecutivo del Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS), representante ante la Federación Latinoamericana de la Edificación, la Madera y la Construcción (Flemacon), ante el Comité de Unidad Sindical de Centroamérica (CUSCA), ante el Congreso Permanente de Trabajadores de América Latina (CPUSTAL) y ante la Federación Sindical Mundial (FSM).

Tenía más de 20 años de actividad sindical y en 1977 y 1978 fue advertido por terratenientes de las regiones de las verapaces, en el norte de Guatemala, entre ellos uno de apellido Champán, de que sería ejecutado si regresaba.

Era el único sobreviviente de cinco hermanos. Su madre era una mujer campesina, madre soltera, que hacía de todo para sobrevivir, cocinaba, limpiaba casas, compraba frutas en su pueblo que traía a vender a la capital. Apenas sabía distinguir algunas palabras en los diarios y distinguir las letras de su nombre. Su padre, un ex marinero mercante, casa teniente, de Puerto Barrios, que nunca llegó a reconocerle como hijo, se dedicaba al cuidar sus pequeños apartamentos en una calle de Puerto Barrios y a criar abejas para producir miel y cuidar su diabetes.

Era padre de nueve hijos a los que exigía ante todo estudiar. Aunque él era poco para hablar de sí, supimos que llegó a la ciudad de Guatemala cuando tenía 18 años. No sabía leer ni escribir.

Empezó a trabajar como aprendiz de carpintero. Ya siendo mayor de edad, aprendió a leer y a escribir en un programa de educación para adultos. Estudio fotografía por correspondencia y los domingos solía ir con sus amigos a tomar fotos en el parque central que el mismo revelaba para venderlas y tener ingresos extras.

Hizo varios cursos de cualificación profesional que impartía el ministerio de Trabajo: electricidad, albañilería y ebanistería. A comienzos del año 60 recibió un crédito del programa de esfuerzo propio y ayuda mutua en el que los trabajadores hacían ellos mismos sus casas y recibían un crédito a 20 años para pagar los materiales.

Fue en esa época en la que al parecer empezó su actividad sindical cuando los trabajadores se enfrentaron a la constructora DELTA por su reivindicaciones y el terminó siendo despedido. Puso su propio taller en casa. Prácticamente todo lo que era de madera en la casa era hecho por él. Además hizo una ampliación a la casa para acomodar a su familia numerosa, que por tiempos incluía a las abuelas materna y paterna.

En su juventud conllevó una extraña mezcla de religiosidad e interés intelectual. Era miembro de varias hermandades religiosas a los que solía devotamente llevar a todos sus hijos para la Semana Santa. Posiblemente entonces comenzó a relacionarse con el sindicalismo religioso. En su vocación autodidacta, leía muchos libros de toda clase, de filósofos americanos, de religiosos, de poetas. Luego empezaron a conocer los libros de anarcosindicalistas y de Marta Harneker.

Destacó por su preocupación por ser un ejemplo de disciplina, responsabilidad y esfuerzo. Aunque se hubiera tomado unos trabajos por la tarde noche al volver de agotadoras comisiones de trabajo a las que tuvimos la oportunidad de acompañarlo. Siempre lo vimos peinado y bañado a las 07:00 de la mañana del día siguiente en su puesto de trabajo.

Estaba convencido de que los trabajadores debían de luchar con las herramientas sindicales, que eso lo ponía en primera fila.

Poco después de su asesinato, sus compañeros de lucha explicaron que tras conocerse que su nombre estaba en una de las listas de sentenciado por el régimen para ser eliminado, él rechazó salir del país, ante el temor de que si lo hacía, los militares decidieran cobrar venganza contra su esposa e hijos.

Busco siempre enseñarnos con el ejemplo, sin discursos, y los hermanos mayores así como su esposa, por turno, lo acompaños a algunos de los viajes que realizaba a diversas partes de Guatemala.

Los ministros de Gobernación y de Trabajo y Previsión Social habían amenazado a los integrantes del comité ejecutivo de Fasgua. Hombres armados habían ametrallado la sede de la federación en la ciudad de Escuintla.

La versión del gobierno guatemalteco, en el diario El Gráfico del 17 de abril, aseguró que se carecía de testigos y se ignoraba el calibre de los proyectiles que se dispararon contra nuestros padres -el calibre 45 es exclusivo del uso del ejército.

Los voceros de los bomberos negaron información a los periodistas "por órdenes superiores".

La persecución contra nosotros, sus hijos se inició desde el mismo día del asesinato. Cuando esperábamos en la morgue, los cuerpos de nuestros padres y nos dirigimos a una cafetería del lugar, fuimos vigilados por dos individuos que se conducían en una motocicleta.

El día del sepelio, la sede de Fasgua fue objeto de una fuerte vigilancia. Por teléfono, desconocidos preguntaban con insistencia por los hijos de los asesinados, en especial por quien había visto el ataque. Al responder, sólo se escuchaba la respiración de quien se encontraba en la línea, sin decir palabra alguna.

En la marcha fúnebre fuimos acosados por contingentes antimotines.

Al volverse insoportable nuestra estancia en Guatemala, por la zozobra que nos generaban las múltiples intimidaciones recibidas, el 22 de mayo de 1980, salimos hacia Costa Rica bajo la protección de la embajada de Venezuela en Guatemala.

Continuamos en el exilio en diferentes países de Europa y América, donde hemos decidido permanecer en tanto continúe la impunidad de los asesinos de nuestros padres.

El caso fue denunciado el 17 de noviembre de 1980 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que bajo el expediente 7585 pidió información al gobierno de Guatemala el 19 de diciembre de 1980 y el 20 de abril de 1981, sin que haya recibido respuesta a la recomendación de que se investigaran los hechos.

El hecho continúa sin ser esclarecido por parte de las autoridades y quienes elaboraron y ejecutaron la estrategia contrainsurgente, que incluyó el asesinato de nuestros padres, retomaron el gobierno por medio del Frente Republicano Guatemalteco y el Partido Patriota.

Las posibilidades de lograr justicia y el castigo a los responsables por medio de los tribunales guatemaltecos continúan siendo nulas. El caso fue presentado en abril de 2009 ante el Ministerio Público, sin que hasta ahora se conozcan avances en la investigación.

Los informes sobre lo sucedido en la época de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), omitieron el caso, lo que ha servido para que el gobierno de Guatemala asegure que se carece de elementos para considerar que los hechos que denunciamos son verdaderos.
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