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Washington.
Los defensores de los derechos civiles advierten: "Se abrió la temporada de caza de latinos". Sin embargo, los conservadores argumentan que la protección contra la delincuencia también es un derecho humano.
Desde el estado federado que ha levantado una enorme valla en la frontera con México surge un debate sobre uno de los problemas clave en Estados Unidos desde hace tiempo y que tiene eco en todo el país.
Este asunto recuerda, además, al presidente Barack Obamba una de sus promesas electorales más importantes: la reforma de la ley de migración.
"Tengo miedo", afirmaba una estudiante hispana con lágrimas en los ojos. Ella junto a otros miles de personas se manifestaron en Phoenix contra la ley que fue aprobada en el congreso del estado federado. La normativa supone una presión legal continua para ella, pues en Arizona, quien tenga aspecto extranjero y no pueda mostrar al instante su permiso de residencia, corre el riesgo de ir a la cárcel.
La población civil se convierte en garante del orden: ahora están amparados por la ley para espiar a sus conciudadanos y, si lo consideran necesario, obligar a la policía a que examine al extranjero que a su entender puede ser sospechoso.
"No puede ser que para un policía sea más importante detener a un migrante sin papeles que a un criminal violento sólo para no tener que hacer frente a una demanda", criticó Arturo Venegas, ex jefe de la policía de la ciudad de Sacramento, que pertenece al grupo defensor de las libertades civiles "Law Enforcement Engagement Initiative". La ley, concluyó, es una "catástrofe".
No comparten su opinión; sin embargo, numerosos ciudadanos de Estados Unidos, que sufren las consecuencias de un aumento de la delincuencia relacionada con la violencia y las drogas y que se filtra por la frontera mexicana.
Un momento decisivo para la ley que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó este viernes fue el asesinato brutal de un conocido miembro de las fuerzas del orden que, en opinión de la policía, fue obra de migrantes que habían cruzado ilegalmente la frontera.
En vista del creciente temor (y de que se acercan las elecciones de mitad de legislatura, en noviembre), los republicanos en Arizona, liderados por el senador de ese estado John McCain, se han visto obligados a actuar justo contra el grupo de población que el ex candidato presidencial cortejó durante la campaña: los latinos.
Entonces no le importaba que tuvieran o no los papeles en regla.
Tras una estimación del Departamento de Seguridad Nacional, en Estados Unidos viven de forma ilegal unos doce millones de personas y casi 60 por ciento proviene de México.
Durante la presidencia de George W. Bush se comenzó a levantar una valla a lo largo de mil kilómetros de frontera para detener el flujo ilegal de migrantes. Pero pese al alambre de espino y las numerosas patrullas civiles que vigilan la frontera, los indocumentados siguen llegando. Los expertos estiman que anualmente ingresan de forma irregular en Estados Unidos cerca de 1.5 millones de personas.
El tema de la migración es, junto con el del aborto, uno de los más sensibles en política nacional y un tema especialmente delicado para todo presidente.
El predecesor de Obama, Bush, ya fracasó en 2007 al intentar flexibilizar los derechos de los extranjeros. Su propuesta estuvo durante meses en el Senado, pero no prosperó. También Barack Obama prometió durante su investidura que iba a sacar de "la sombra" a los millones de migrantes ilegales y que el gobierno iba a analizar "la ley de migración", que estaba "rota".
El hecho de que no haya cumplido esta promesa al no dedicarse durante su primer año de mandato a la ley de migración es algo que ha decepcionado a muchos migrantes y defensores de los derechos civiles. Ahora siguen con atención cómo reacciona a la ley del estado de Arizona.
Tras su aprobación, el presidente la calificó ayer de "desencaminada", en una reacción que para muchos llegaba tarde. El mandatario anunció que había dado la orden al equipo legal de su gobierno para que evaluaran su constitucionalidad.
Pero los defensores de la ley se muestran confiados. La nueva ley cuenta con el apoyo de la mayoría, debido a que Arizona paga los elevados costes de la migración ilegal, dijo Bob Dane, portavoz de la iniciativa "Federation for American Immigration Reform".
"Es un modelo de ley para muchos otros estados", profetizó en declaraciones a la radio NPR. La ley, dijo, superará la prueba de legalidad con la seguridad que proporciona.
México, por su parte, no hizo esperar su reacción y afirmó de forma tajante que la "criminalización no es el camino" para hacer frente a la migración irregular.
"La existencia de mercados laborales transfronterizos exige soluciones integrales y de largo plazo. La corresponsabilidad, la confianza y el respeto mutuo deben ser la base para atender los retos compartidos en América del Norte", indicó la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa.
México, agregó, reconoce el derecho soberano de todos los países a decidir sus políticas públicas, pero dijo que "cuando una medida como la SB-1070 afecta potencialmente los derechos humanos de miles de mexicanos no puede permanecer indiferente".
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