Cacif: el gran obstáculo

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Cacif: el gran obstáculo

Carolina Escobar Sarti

En teoría, el centro de su quehacer es el desarrollo y el progreso de Guatemala; en la práctica, han puesto y quitado gobiernos para su exclusivo beneficio, constituyéndose —paradójicamente— en uno de los obstáculos históricos para el desarrollo de la gente de nuestro país. Decir que son los únicos culpables no solo sería una trivial generalización, sino sería inútil, pero reconocer la enorme responsabilidad que les compete por el estado de subdesarrollo en el que vive una buena parte de la población, es un imperativo.

El Cacif, expresión organizada del sector privado y del gran poder económico, ha impedido que varios esfuerzos de múltiples gobiernos de la más variopinta ideología se concreten en proyectos de nación de beneficio común. Ningún ejemplo mejor para argumentar esto que su oposición sistemática a cualquier reforma fiscal. Desde una visión miope y cortoplacista, basan su oposición en argumentos que usaron sus abuelos ubiquistas en el contexto de la Gran Depresión del siglo XX y se van quedando aislados, en comparación con sus homólogos de la región, que se han subido al barco de las reformas con una visión de nación de largo plazo.

Al Cacif no hay que pedirle permiso, sino simplemente solicitar su opinión, como a cualquier otro sector. Ninguna democracia será posible si la asimetría en los pulsos de poder y en el ejercicio del consenso ciudadano se genera a partir de la excesiva participación de un sector que, además, tiene arrodillada a la clase política. Para construir el país de todos hay que ser democráticos, que no es sinónimo de ser serviles. Ya lo decía José Martí cuando señalaba que “el problema de la independencia no era el cambio de formas, sino el cambio de espíritu”.

Para salir de la pobreza, ya no convence el trillado argumento del derrame, que apunta a que la riqueza de algunos supuestamente se desborda a todos por gravedad. Tampoco convence que la inversión, sobre todo extranjera y de compañías mineras o petroleras, sea siempre una actividad económica de beneficio para todos. Menos aún convence que entre menos impuestos paguen las empresas, más le darán al país en beneficios. Basta remitirnos a las pruebas de un ejercicio empresarial históricamente opresor y abusivo, sólo frenado desde los mismos trabajadores a un costo, a veces, demasiado alto.

Una relación ineludible es la de impuestos-gasto social; cuanto menos tributemos, menos recauda el Gobierno y menos se puede invertir en la gente. Guatemala es uno de los países del mundo donde menos impuestos se pagan, y esto se relaciona directamente con que uno de cada dos niños menores de 5 años sufra de desnutrición severa, y uno de cada cinco, de desnutrición crónica. La pobreza impuesta es la forma más tortuosa de violencia, y los grandes responsables tienen nombre y apellido.

¿Qué pasó con la última propuesta consensuada y costosa (en tiempo, recursos y energía) del Pacto Fiscal que varios expertos de distintos colores del espectro ideológico firmaron? Otra vez partimos casi de cero en este tema y en contexto preelectoral, con un Congreso tremendamente manipulado. ¿Y el Cacif? Sale con que hay que aumentar el IVA, que lo pagamos todos y no las empresas. Sale con el equilibrio posible entre los impuestos directos como el ISR y los indirectos como el IVA, lo cual suena a analfabetismo financiero o intención de burla. El desarrollo de Guatemala demanda que no haya más negociaciones de élites entre gobiernos y Cacif, tampoco confrontación. Demanda, con urgencia, construir ciudadanía.