COMUNICADO DEL CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN
Iximuleu, Año 11 Kiej,
Guatemala, 31 de marzo del 2010
Con una importante movilización de comunidades, organizaciones, instituciones y autoridades indígenas se celebró el pasado 22 de febrero el CAMBIO DE AÑO MAYA. Iniciamos el Año Maya 11 KIEJ. Cada vez, la conciencia maya se está extendiendo a los distintos sectores de la sociedad guatemalteca y a las distintas regiones del país. El 31 de marzo se ha celebrado el 15 Aniversario de la firma del Acuerdo sobre Identidad y derechos de los Pueblos Indígenas. Ante estos dos hechos de gran importancia para la lucha por el ejercicio pleno de los derechos de los Pueblos Indígenas, las y los integrantes del CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN, declaramos:
1. Reafirmamos, como lo hicimos el año pasado al anunciar públicamente el surgimiento del CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN, la importancia histórica y actual de la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas el 31 de marzo de 1,995. Es el primer reconocimiento del Estado de Guatemala, en 500 años de racismo, discriminación y despojo, desde la invasión de 1,524. El Acuerdo Indígena y los demás Acuerdos de Paz, reconocidos como compromisos de Estado en la Ley marco de Los Acuerdos de Paz, Decreto 52-2005, siguen siendo la ruta para sacar al país de su crisis de ingobernabilidad e inseguridad ciudadana y, de la situación del Estado atado a las fuerzas económicas, políticas y militares que siembran y perpetuán la impunidad y la corrupción.
2. Pese a esta importancia para el futuro del país, de los 51 compromisos de gobierno identificados en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, hasta el año pasado los avances de cumplimiento eran del 14%, mientras que el 34% estaba parcialmente cumplido y el 49% sin cumplimiento, habiendo sido abandonados aquellos referidos a la reforma del Estado, a la apertura de espacios reales de participación política y de acceso a la tierra para los pueblos indígenas. En un año, la situación de incumplimiento sustancialmente no cambió, aunque registra algunos matices son mucho mas relevantes los serios y graves riesgos de retroceso.
3. Como lo hemos expresado en otros momentos, las acciones humanitarias del actual gobierno en salud, educación, mi familia progresa, mi familia produce, créditos agrarios y otros de su programa de cohesión social, son solamente un alivio temporal del hambre de la población mas vulnerable, mayoritariamente maya y no llegan a ser verdaderas políticas públicas de Estado y dependen en la mayoría de casos para su financiamiento del endeudamiento del país. Nos preocupa que estas medidas paliativas estén siendo además instrumentalizadas por autoridades municipales y del gobierno actual con objetivos electorales lo que limita su impacto y genera conflictos y división en las comunidades.
4. Al contrario, en los últimos meses ha sido pública la intención del actual gobierno de desconocer y destruir uno de los pocos compromisos cumplidos por el Estado de Guatemala en cuanto a la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, como lo es la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena, para disolverla en la Secretaría de Asuntos Indígenas que pretende crear unificando ésta y la Comisión Presidencial contra el Racismo y la Discriminación – CONDISRA – y el Fondo Indígena de Guatemala – FODIGUA -, éstas últimas que no han tenido ni siquiera los fondos financieros suficientes para subsistir y funcionar, ni por parte de los anteriores ni por parte del actual gobierno. Afortunadamente ha sido evidente el rechazo de numerosas instituciones mayas a esta desafortunada intención del actual gobierno por darle el anunciado rostro maya a su gestión. 5. En estos mismos días, la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU establecieron que el gobierno de Guatemala no respeta los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas al no consultarles sobre los procesos de exploración y explotación minera; exigen la suspensión de las operaciones mineras y reconocen que se han dado graves violaciones en San Juan Sacatepéquez, Guatemala, y Sipakapa y San Miguel Ixtahuacán, en San Marcos. Esta condena internacional, viene a fortalecer la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad en diciembre del 2009 que ampara a los pobladores de San Juan Sacatepéquez en su exigencia por que se consulte a las comunidades afectadas.
6. El gobierno debe responder a estas exigencias de la Comunidad Internacional y debe respetar la decisión de estas comunidades y las 42 consultas comunitarias de buena fe que han rechazado las 459 concesiones en territorios indígenas (259 de explotación, 136 de exploración de minerales, 64 proyectos hidroeléctricos) que ha avalado, decidido o compartido el actual gobierno, así como rechazar la prórroga del contrato de operaciones petroleras en el Parque Nacional Laguna del Tigre. Es indignante ver que las empresas multinacionales, terratenientes y militares, están concentrando nuevamente la propiedad de extensiones de tierra e imponiendo los megaproyectos, sin que haya la mínima información y consulta a los pueblos indígenas ni por parte de éstas, ni por parte del actual gobierno. Al contrario, ha recrudecido la represión contra los dirigentes comunitarios que se oponen a la invasión de las empresas multinacionales, sólo en los últimos dos meses han sido asesinados más de 6 dirigentes campesinos de San Marcos.7. Nos congratulamos por la victoria de la Alcaldía Indígena de Chichicastenango, Quiché, al haber logrado recuperar el terreno comunitario que la Municipalidad ladina había vendido en tres ocasiones a la Empresa TELGUA.
8. Nos unimos a la rotunda condena del atentando en días recientes a la persona de la Defensora de la Mujer Indígena, Licenciada Cleotilde Cu. Estamos en contra de la criminalización de la lucha social adoptada por los últimos gobiernos incluyendo el actual. El Estado guatemalteco debe dar un giro histórico en su entendimiento, actuación y atención a los pueblos indígenas y los sectores más vulnerables de la sociedad guatemalteca. El camino de la represión, la contrainsurgencia, la mano dura, la intolerancia, el racismo y la discriminación deben quedar en el pasado colonial y excluyente de nuestro país.
EL ESTADO DE GUATEMALA DEBE CUMPLIR LOS CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS, RESPETAR LA DECISION DE LAS 42 CONSULTAS COMUNITARIAS DE BUENA FE Y DEJAR DE SEGUIR ENTREGANDO LOS RECURSOS DE LA MADRE NATURALEZA A LAS EMPRESAS MULTINACIONALES.
CONSEJO POLITICO 13 BAKTUN
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