Laguna del Tigre: agua contra petróleo (I)

                         Laguna del Tigre: agua contra petróleo (I)
Camilo Salvadó

AEC AVANCSO

Durante el gobierno de la UNE, Laguna del Tigre, en San Andrés, Petén, han sido noticia en varias ocasiones; por los violentos desalojos contra las comunidades La Florida (enero y marzo 2008), El Picudo (marzo 2008), El Vergelito (enero 2009) y Cruce Santa Amelia (enero 2009), entre otras. Recientemente, por el próximo vencimiento del contrato de extracción petrolera de la transnacional PERENCO que está provocando la confrontación entre sectores que apoyan la ampliación del contrato y los que se oponen.

El sistema de lagunas, pantanos y otros cuerpos de agua que forman Laguna del Tigre, es un Área protegida de gran valor nacional y mundial. También es la segunda reserva de agua dulce más importante de América Latina (y la primera de Mesoamérica), y está incluida en el listado de humedales de importancia internacional de la Convención Ramsar, desde 1971. Al menos, esos fueron los argumentos del gobierno central, para desalojar a las comunidades campesinas, con el apoyo del Consejo de Áreas Protegidas (CONAP) y el Ministerio de Ambiente (MARN).

Sin embargo, ni la protección del ambiente, ni la importancia de las áreas protegidas frente al cambio climático, ni la crisis del agua o la crisis agroalimentaria fueron elementos tomados en cuenta por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Secretaría General de la Presidencia (SGP) y la Comisión Nacional del Petróleo (CNP) cuando autorizaron, en febrero de este año, una prórroga de 15 años para el contrato de PERENCO, sin consultar a otros ministerios, a las organizaciones sociales, o a las comunidades que habitan la zona.

Los sectores afines a PERENCO impulsan abiertamente la prórroga del contrato. Por cierto, es uno de los puntos en que la UNE y el PP (“el principal partido de oposición”), están sospechosamente de acuerdo. Como era de esperarse, sus argumentos giran en torno a las “ganancias millonarias”, “el desarrollo de la región” y otros cuentos. También les sobran argumentos legalistas, por ejemplo que el contrato original de 1985 fue otorgado antes de la emisión de la Ley de Áreas Protegidas (1989), de la creación del Biotopo (1986) y del Parque (1990).

Por su parte, muchas organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas y aliadas (e incluso el Ministerio de Ambiente y la CONAP) se oponen a la renovación del contrato, con distintos argumentos que van desde las míseras regalías de 5% hasta los impactos ambientales y sociales que la extracción petrolera ha demostrado tener en estos 25 años (contaminación, deforestación, desalojos, etc.). Aunque no lo han hecho, también podrían recordar que la última renovación del contrato fue firmada en 1992, es decir, cuando ya existían la Ley de Áreas Protegidas, el Biotopo y el Parque Nacional Laguna del Tigre, lo que hace ilegal el contrato actual (Parkswatch: 2005)

Esta coyuntura pone en evidencia las divisiones internas del gobierno, demostradas en el enfrentamiento entre los ministerios de Energía y Minas y Ambiente. Para las organizaciones sociales, la coyuntura tiene un balance positivo, pues lograron generar opinión pública e identificar alianzas a futuro. Sin embargo, lo más probable es que la renovación del contrato firmado en febrero por PERENCO, El Ministerio de Energía y Minas, la Secretaría General de la Presidencia y la Comisión Nacional del Petróleo, sea finalmente aprobado por el presidente Colom, como lo ha anunciado en repetidas ocasiones (Prensa Libre 17/03/2010; La Hora 30/03/2010; Siglo Veintiuno 04/04/2010; El Periódico 05/04/2010).

La discusión, más que centrarse en este conflicto puntual entre PERENCO y sus achichincles contra las distintas organizaciones, debería enfocarse en el más amplio y urgente problema de las relaciones entre los humanos y su entorno ambiental. En el contexto del calentamiento global, el tema de las áreas protegidas tiene sin duda un lugar importantem pero debe ser evaluado y replanteado a la luz de las situaciones concretas.

Las áreas protegidas, que parecían ser la solución para conservar las selvas y bosques que aún quedaban, hoy se ha convertido en una más de las formas de despojo a las comunidades campesinas e indígenas. Estas comunidades son desalojadas en nombre de la “protección ambiental”, mientras se permiten otras actividades altamente destructivas. Pero la solución tampoco pasa por eliminar las áreas protegidas (como soñaba despierto Otto Pérez en una entrevista durante las elecciones del 2007).

Las áreas protegidas son necesarias, por no solo por la conservación de la biodiversidad, la reducción del riesgo de desastres vinculados al calentamiento global, la purificación y circulación natural del agua y el aire, sino también porque ayudan a proteger al suelo de la erosión y a mantener su fertilidad, condición de importancia estratégica para la soberanía alimentaria.

Los “enemigos naturales” de las áreas protegidas no son los campesinos, sino las industrias extractivas (maderera y petrolera), la agroindustria y la ganadería. Comprender esto, es la base para impulsar un modelo distinto y alternativo de áreas protegidas, el cual no implique “protegerlas de los campesinos” -cuyas prácticas productivas pueden equilibrarse más fácilmente con la conservación ambiental- sino protegerlas de la voracidad destructiva del gran capital.