El campesinado sigue manteniendo a este país sin el apoyo del Estado
Plataforma Agraria manifiesta su preocupación porque el gobierno de Álvaro Colom sigue poniendo en el centro de sus planes de desarrollo el fortalecimiento institucional y político de la agroexportación de mediana y gran escala, con lo cual favorece al 1.87% de la población que concentra la tierra en este país y que la destina para la producción de monocultivos.
Como lo hemos manifestado desde hace casi dos años, las crisis económicas y de alimentos están pasando la factura a las familias campesinas que hasta hoy habían logrado sobrevivir con la casi nula intervención del Estado guatemalteco. El campo sigue en crisis, pues a ningún gobierno le ha interesado posicionar a las economías campesinas como un motor de cambio para las transformaciones que este país requiere.
Contrario a la mirada asistencial y paternalista de las políticas públicas del gobierno de Colom, las economías campesinas necesitan recursos e insumos para la producción, asistencia técnica y crediticia, es decir, las mismas prerrogativas concedidas a los empresarios y terratenientes de esta nación. Por eso nos oponemos a cualquier plan de desarrollo que busque reproducir los intereses de los finqueros.
Las mujeres indígenas y campesinas reunidas en Plataforma Agraria exigimos al Estado que garantice nuestros derechos a la propiedad de la tierra, al trabajo, a una vida sin violencia y a la participación. No avalamos aquellos programas que buscan situarnos sólo como sujetas económicas, pero siguen sin hacer ningún esfuerzo por cambiar las mentalidades, prácticas y estructuras patriarcales que nos oprimen día con día.
Mujeres y hombres organizados en la alianza multisectorial de Plataforma Agraria extendemos nuestro apoyo a la lucha del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Exigimos al gobierno de la República que demuestre su compromiso genuino con el desarrollo rural mediante la asignación suficiente de recursos a la Política de Desarrollo Rural Integral especialmente reorientando sustancialmente la política agraria basada en el mercado; la puesta en marcha de planes de dinamización de la economía en todas las regiones del país; la suspensión de las actividades mineras por ser lesivas a los interés nacionales; la suspensión del contrato a la empresa Perenco; y respetar la voluntad de las comunidades con relación a no construir grandes hidroeléctricas.
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