Atentado contra la Autonomía
El cercenamiento del derecho al cogobierno.
Por: HELMER VELÁSQUEZ
La acción judicial emprendida hace aproximadamente dos años por profesores de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos ante la jurisdicción constitucional arguyó violación a sus derechos, contenida en la legislación universitaria, al permitir –esta– a los estudiantes de dicha entidad ejercer el sufragio en las votaciones para elegir representantes catedráticos a la Junta Directiva de las diferentes facultades de la universidad estatal.
El fallo constitucional, favorable a la petición de los docentes, –en contra del cual solo se argumentó en el Congreso de la República– deja cercenado el legítimo ejercicio del cogobierno, base de los más caros ideales de la Revolución de Octubre, sintetizados en el decreto que reconoce la autonomía universitaria. Existe –o existía– en la Usac, una regla no escrita que impelía a los carolinos resolver sus diferencias dentro del campus universitario evitando, por principio, el acudir a los órganos jurisdiccionales. Este principio tenía su fundamento en la capacidad intelectual y política de los universitarios para autogobernarse y, segundo, en el temor –fundamentado– de “abrir la puerta” a que sectores ajenos e incluso enemigos de la inteligencia, siguiesen esta ruta para coartar la autonomía universitaria.
Equivocaron la ruta los agrónomos, se están permitiendo transitar a la historia desde una postura opaca. No hay argumento válido a su acción. Si partimos de que el estudiante es la razón de ser de la universidad, no existe fundamento alguno para evitar a estos elegir a sus autoridades. Llama la atención el hecho de que los docentes no hayan dirigido su acción en contra de los colegios profesionales, cuyos agremiados –se podría argüir– están más alejados de la gestión facultativa. Y, consecuentemente, menos calificados para elegir representantes. Sin embargo, para los docentes significa doble voto, pues ejercen sufragio en tanto profesores y agremiados.
Acudir al sistema de legalidad nos parece una ruta fundada en poco cacumen político. Conociendo la trayectoria de dos de los interponentes, por lo menos en su caso, no creemos que el objetivo fuese ir contra el universitario; hemos de reconocer que el resultado sí lo hace. Lo procedente hubiese sido un amplio y profundo debate sobre la universidad del siglo XXI y, por esa vía, hacer los ajustes institucionales y de contenido que requiera la Carolingia. La vía judicial se atenaza artera en contra de los intereses estudiantiles y del cogobierno visionariamente considerado por los tribunos de 1944. Corresponderá, ahora, al honorable Consejo Superior Universitario, sin violentar ley alguna, aguzando la sapiencia de los buenos hijos de la Usac, devolver el derecho cercenado.
Fuente: www.elperiodico.com.gt
El fallo constitucional, favorable a la petición de los docentes, –en contra del cual solo se argumentó en el Congreso de la República– deja cercenado el legítimo ejercicio del cogobierno, base de los más caros ideales de la Revolución de Octubre, sintetizados en el decreto que reconoce la autonomía universitaria. Existe –o existía– en la Usac, una regla no escrita que impelía a los carolinos resolver sus diferencias dentro del campus universitario evitando, por principio, el acudir a los órganos jurisdiccionales. Este principio tenía su fundamento en la capacidad intelectual y política de los universitarios para autogobernarse y, segundo, en el temor –fundamentado– de “abrir la puerta” a que sectores ajenos e incluso enemigos de la inteligencia, siguiesen esta ruta para coartar la autonomía universitaria.
Equivocaron la ruta los agrónomos, se están permitiendo transitar a la historia desde una postura opaca. No hay argumento válido a su acción. Si partimos de que el estudiante es la razón de ser de la universidad, no existe fundamento alguno para evitar a estos elegir a sus autoridades. Llama la atención el hecho de que los docentes no hayan dirigido su acción en contra de los colegios profesionales, cuyos agremiados –se podría argüir– están más alejados de la gestión facultativa. Y, consecuentemente, menos calificados para elegir representantes. Sin embargo, para los docentes significa doble voto, pues ejercen sufragio en tanto profesores y agremiados.
Acudir al sistema de legalidad nos parece una ruta fundada en poco cacumen político. Conociendo la trayectoria de dos de los interponentes, por lo menos en su caso, no creemos que el objetivo fuese ir contra el universitario; hemos de reconocer que el resultado sí lo hace. Lo procedente hubiese sido un amplio y profundo debate sobre la universidad del siglo XXI y, por esa vía, hacer los ajustes institucionales y de contenido que requiera la Carolingia. La vía judicial se atenaza artera en contra de los intereses estudiantiles y del cogobierno visionariamente considerado por los tribunos de 1944. Corresponderá, ahora, al honorable Consejo Superior Universitario, sin violentar ley alguna, aguzando la sapiencia de los buenos hijos de la Usac, devolver el derecho cercenado.
Fuente: www.elperiodico.com.gt
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