Guatemala: Tambalea el inquisidor

Tambalea el inquisidor 

El Presidente lo nombró a sabiendas.

Helmer Velásquez

La debilidad institucional del país es evidente, al grado que las Naciones Unidas ha pedido y formulación de guatemaltecos, vinculados a organizaciones defensoras de Derechos Humanos, posteriormente avalados por el gobierno de la República, que acudieron a ella, en demanda de auxilio, para intentar –con su apoyo– desmantelar a grupos clandestinos –mafias– que medran a la sombra del Estado. Estructuras cuyo origen –no escapa a la ciudadanía– y consolidación se dio bajo el alero del Ejército.
La respuesta de Naciones Unidas: la CICIG. Juzgada –en su momento– por detractores como intromisión extranjera en asuntos internos; argumento conocido y al cual estos sectores acuden de conformidad a sus intereses. Pues callan cuando la medida les beneficia, verbigracia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América. Este, como es sabido, anula las funciones jurisdiccionales nacionales en favor del arbitraje internacional, al cual debe someterse, incluso el Estado. Debates nacionales aparte; la coyuntura generada con la salida de Castresana y su pedido por la destitución del Fiscal General –recién nombrado por el Presidente de la República–, trae a cuenta varias situaciones de suyo delicadas: la primera, el proceso de postulación y selección de candidatos para este cargo es una farsa, a juzgar por los resultados, personajes tachados, son seleccionados e incluso electos; segunda, la reserva moral del país, encarnada en la persona de Álvaro Colom, y que resistió el embate Rosenberg. No existe más, el Presidente sale profundamente desacreditado de este ejercicio, no tiene a quien trasladar la factura; y la tercera, el país “sale” al mundo como un mal terminal. No hay instituciones, no hay Estado. Es realmente una incitación a la “inversión” oscura, somos un paraíso, para el negocio turbio.

Lo más hondo de las consecuencias es haber perdido la reserva moral –encarnada en la figura presidencial–, no hay quite: el Presidente lo nombró a sabiendas. A menos que pruebe lo contrario. Y si fuese lo contrario, tenemos un Presidente desinformado o alguien a quien asesores e “inteligencia” le juegan la vuelta. El argumento del Fiscal General: “nadie le ha seguido el debido proceso”. Esto sucede a diario con los campesinos e indígenas de nuestro país. Es decir, no se le ha probado en juicio, su culpabilidad. Pero el golpe está dado, el emisario de la Comunidad Internacional, la “conciencia” de las democracias occidentales lo ha señalado. No hay más. Renuncia o perviviremos con un Fiscal sin fuerza moral ni jurídica.
Fuente: www.elperiodico.com.gt