Guatemala: Estado y compromisos

Estado y compromisos 

El ex ministro era incondicional de las transnacionales. Miguel Ángel Albizures

La decisión del Gobierno de acatar la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es loable, y esperaríamos que se cumpla antes de que llegue la misión de la Comisión a verificar las múltiples denuncias que se han hecho y por lo cual las comunidades pidieron las medidas cautelares. Lo primero que hemos escuchado es que para llegar al cierre de la mina Marlin, en este caso temporal, pueden pasar unos tres meses una vez en el proceso no se atraviesen una serie de obstáculos o de argumentos rebuscados por los empresarios para impedir el cumplimiento de la resolución.

Uno de los resultados positivos de la medida, es la renuncia del Ministro de Energía y Minas, incondicional de las transnacionales y a la vez la continuidad, quien sabe cuántos meses más del Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Luis Ferraté, que a diferencia de otros funcionarios no sólo ve los dólares, sino el impacto que provoca la extracción a cielo abierto de oro y plata, cuya producción anual ha rebasado las 250 mil onzas de oro y más de 3 millones de onzas de plata sin que se refleje ninguna mejora en las condiciones económicas de las comunidades, pues el 99 por ciento queda en manos de las grandes transnacionales que llegan, explotar nuestros recursos, imponen condiciones, contaminan y afecta el medio ambiente y deja grandes cráter en donde antes abundaba el maíz y otros productos para la subsistencia de pueblos enteros.  

Por otro lado, el acatamiento de la resolución de la CIDH impide, por el momento, que el caso llegue a la Corte lo cual complicaría la situación del Estado si de esta instancia se da una condena y recomendaciones que tendría que acatar, pagando los daños y perjuicios que sufren las comunidades, pues no debe olvidar que la Corte ha emitido 14 condenas y recomendaciones al Estado y que en la Comisión se encuentran activos 80 casos que de no atenderse, pueden complicarse, aún cuando se ha manifestado buena voluntad de la Comisionada presidencial en materia de derechos humanos, así como de su equipo para resolverlos a través de la solución amistosa.

Y si el Gobierno quiere evitarse problemas mayores con la resistencia de los pueblos indígenas, debe acatar sin tardanza la resolución del Relator Especial de Naciones Unidad, James Anaya, quien planteó que: “El estado de Guatemala tiene la obligación de consultar a los pueblos indígenas, en relación con toda medida legislativa o administrativa susceptibles de afectarles directamente, y en particular en relación con todo proyecto de inversión de infraestructuras, o de exploración o explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas”.
Fuente: www.elperiodico.com.gt