Guatemala: Devastación institucional

Devastación institucional

Diversos sectores han operado en contra.
Helmer Velásquez
Antes, durante y después de la firma de los Acuerdos de Paz, una constante nacional ha sido la necesidad social de construir institucionalidad pública, sólida, proba, capaz y descentralizada. Evidentemente, previo a la suscripción de la paz, las condiciones dictatoriales prevalecientes no favorecían ni el mínimo esfuerzo por consolidar instituciones democráticas de Estado, más bien estas venían a ser la antítesis del régimen político imperante. Catorce años después del advenimiento de la paz y revalorización democrática del Estado, los esfuerzos realizados son aún insuficientes. Por mucho optimismo que se emplee en el análisis, el andamiaje público sigue decrépito y por momentos parece explosionarse.

Diversos factores han operado en contra del fortalecimiento institucional; señalo acá algunos de ellos: corruptela, impunidad, poderes paralelos, burocracia desmotivada e ineficiente, clientelismo político, ajuste estructural aplicado a ultranza –por gobiernos precedentes–, que en el afán de “adelgazar” al Estado, lograron hacerlo más inoperante y con menor capacidad de atención ciudadana y de brindar servicio público. En el poder Legislativo, el caso Meyer-Morales sintetiza el descrédito y, por tanto, huelgan los comentarios. Del sistema judicial habrá que traer a cuenta la necesidad de haber instaurado a la CICIG, para no explayarse en más cometarios sobre el fracaso de la justicia. Como corolario a este fatídico e incompleto recuento, y como para no quedarse fuera de la historia mordaz del país: el presidente Álvaro Colom, asesta un duro golpe a la institucionalidad democrática, al nombrar Fiscal General, a un abogado señalado de vínculos oscuros. La actuación presidencial ha provocado no sólo el socavamiento electoral del partido oficial, –eso resulta el mal menor–, más grave resulta el avasallamiento de la moral pública y la confianza ciudadana.

Y como si esta historia no fuese suficiente, la crisis institucional se atiza por el diferendo surgido entre los presidentes de los organismos Ejecutivo y Judicial, quienes mutuamente se han “sugerido” inhibirse del proceso. Esta señal inequívoca de desconfianza –entre ambos–, reitera y acrecienta la sospecha que sobre ellos tiene la ciudadanía. Estos dimes y diretes entre ambos funcionarios, es –grave evidencia– de la crisis de legitimidad, legalidad y valores por la que atravesamos. Estos dos “estadistas” deben enmendar su actuación. Colom está obligado a nombrar públicamente al equipo de asesores que le llevó a tomar la decisión de nombrar a Conrado Reyes y destituirlos del cargo. Y el Presidente del Organismo Judicial debe renunciar a su investidura y ceder el puesto a quien la Corte Suprema nombre en su lugar. Esto resarciría –mínimamente– el daño causado y en algo abonaría al proceso de construcción democrática nacional.
Fuente: www.elperiodico.com.gt