Clima de alta tensión entre empresas y comunidades indígenas en Guatemala, advierte Relator ONU

Clima de alta tensión entre empresas y comunidades indígenas en Guatemala, advierte Relator ONU

CIUDAD DE GUATEMALA – El Relator Especial de la ONU James Anaya advirtió este viernes sobre un creciente “clima de alta inestabilidad y conflictividad social en relación con las actividades de las empresas en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas de Guatemala”.
“Esta situación requiere de respuestas decididas y urgentes por parte de los poderes públicos, a riesgo de colocar a Guatemala en una situación de ingobernabilidad”, recalcó al final de su visita al país el experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para estudiar la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.

Para el Sr. Anaya, Guatemala enfrenta una situación en la que “no sólo parecen resultar perjudicados los pueblos y comunidades indígenas, sino que va más allá, colocando en dificultades a la capacidad del Gobierno y a los propios actores empresariales de promover la inversión y el desarrollo económico en el país”.
Durante su misión de cinco días a Guatemala, el experto independiente de la ONU recibió testimonios directos sobre la contaminación de ríos y tierras; enfermedades; hostigamientos, ataques e incluso muertes de dirigentes comunitarios; desalojos forzados; daños o destrucción de casas; así como violaciones y abusos sexuales a las mujeres.
“He oído también con preocupación la percepción de que los proyectos han traído consigo la destrucción de la paz social y serios conflictos entre comunidades, e incluso entre familias”, dijo Sr. Anaya. “Igualmente preocupante son las informaciones sobre los distintos procesos judiciales a miembros de comunidades indígenas por actos de protesta social contra las actividades de las empresas”.
El Relator Especial de la ONU advirtió que “he recibido alegaciones de múltiples ocasiones en que el Estado haya otorgado licencias para la construcción de infraestructuras o para la exploración o explotación de los recursos naturales en territorios indígenas, sin las requeridas consultas. Además todos los actores coinciden en que no existe en la actualidad un marco legislativo que regule el ejercicio del procedimiento de consulta dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco”.
En referencia al debate sobre las consultas, Sr. Anaya señaló que “la ausencia en la actualidad de un marco legislativo que regule el ejercicio del procedimiento de consulta dentro el ordenamiento jurídico guatemalteco no puede ser tomada como una excusa para no llevar a cabo dicha obligación de forma efectiva”.
En cuanto a la validez de las llamadas consultas comunitarias de buena fe, llevadas a cabo por las propias comunidades indígenas afectadas por la minería o por proyectos hidroeléctricos, el Relator Especial consideró que “estas iniciativas son válidas y tienen relevancia en la medida en que constituyen un reflejo de las aspiraciones legítimas de las comunidades indígenas ser escuchadas en relación con los proyectos que tengan un impacto potencial sobre sus territorios tradicionales”.
Sin embargo, agregó, que las consultas comunitarias no deberían impedir “nuevos procesos de consulta en el marco de procedimientos adecuados y conformes con las normas internacionales, y en los que el Estado participe activamente de acuerdo con sus obligaciones”.
“La reglamentación de la consulta otorgaría a estos procesos una mayor certeza y seguridad jurídicas, necesarias para toda actuación de los poderes públicos”, dijo el experto independiente. “Recomiendo avanzar urgentemente hacia la discusión y aprobación de la Iniciativa de Ley de Consultas, conforme con los estándares mínimos de las normas internacionales y con la plena participación de los pueblos interesados”.
Durante su misión de investigación, el Sr. Anaya se reunió con el Presidente de Guatemala y otros altos representes del Estado, autoridades y comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la comunidad internacional y el Sistema de la ONU en Guatemala.
Tras su visita a Guatemala, el Relator Especial preparará un informe público con sus principales conclusiones y recomendaciones sobre los temas estudiados durante su misión, el cual será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Fuente: www.politicaspublicas.net