Sobrevivientes de masacre jesuita declararán en España
ContraPunto
Desde San Francisco, Estados Unidos, Almudena Bernabeu brindó declaraciones a ContraPunto y afirmó que España ha enviado también a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, un rogatorio para los querellantes, quienes si no cooperan se atienen a un dictado de arresto internacional.
SAN SALVADOR – Los esposos Lucía Barrera de Cerna y Jorge Alberto Cerna Ramírez, los dos únicos supervivientes de la masacre cometida en la Universidad Centroamericana (UCA) el 16 de noviembre de 1989, declararán el miércoles 24 de febrero ante la Audiencia Nacional de España, en Madrid, en el proceso que se sigue desde el año pasado en contra de 14 oficiales acusados de haber asesinado a seis sacerdotes jesuitas y a dos de sus empleadas, según informó en declaraciones a ContraPunto desde San Francisco, la abogada querellante Almudena Bernabeu.
Lucía y Jorge Alberto viven refugiados y protegidos en Estados Unidos, en un lugar que no es públicamente conocido, dijo Bernabeu, por lo que su declaración ante el Juez de la Audiencia Española, Eloy Velasco, se hará a través de una video-conferencia, por medio de la cual ellos responderán preguntas del Juez y de los querellantes. Este es un proceso penal que el órgano judicial de España ventila bajo el concepto de Justicia Universal.
Lucía Cerna era empleada de los jesuitas de la UCA y de la Provincia de la Compañía de Jesús.
“Ella pasó la noche del 15 de noviembre en la UCA, en medio de la ofensiva de la guerrilla en San Salvador. Ella pudo ver cómo las tropas del ejército llevaron a cabo el asesinato de los jesuitas y las dos mujeres... Los militares no se percataron que Lucila y Jorge estaban en un edificio contiguo, desde donde vieron todo”, apuntó la abogada querellante.
Lucía Cerna ha testificado en varias ocasiones, tanto en El Salvador, como en Estados Unidos, pero no así Jorge, su esposo, quien se encontraba en la UCA por “accidente”, debido a que el Toque de Queda impuesto en la noche del 15 de noviembre les impidió regresar a su hogar. Por lo tanto, la declaración de esta persona será única ya que, según Bernabeu, “él vio más de lo que vio Lucía”.
Lucía Cerna testificó en 1990 ante la fiscalía salvadoreña, así como ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, que indagó sobre el caso jesuita. Igualmente lo hizo para una comisión del Congreso estadounidense, encabezada por el legislador Joe Mockley.
“Es muy, muy importante el testimonio de ambos, dado que el juicio en España, que es penal, por una causa criminal, los testimonios oculares puede dejar sentado en un record contemporáneo a la actualidad en el que se desarrolla el proceso en España. Es decir, no será una versión de 1992 ni de 2000, sino de ahora, así como declarar que fueron los militares los que entraron a la UCA y cometieron el crimen”, explicó la abogada valenciana, quien reitera que sus testimonios serán elementos de prueba claves.
“Es de vital importancia ese testimonio ocular, porque uno de los querellados, el ahora general retirado René Emilio Ponce, habla que el proceso actual es cosa juzgada y que no precede el juicio en Madrid. Pero a Ponce nunca se les juzgó ni para condenarle ni para absolverlo. En 1990 hubo un juicio que fue una farsa completa, en la que fueron sentenciados dos oficiales –Guillermo Benavides y Yusshy Mendoza-, aunque luego se les amnistió”, dijo la abogada.
Y agregó: “Entonces, las declaraciones de los esposos Cerna son importantes para demostrar la intensión del gobierno de entonces, presidido por Alfredo Cristiani, y todo el ejército, con voluntad de intimidar, perseguir y tratar de impedir que Lucía declarara. Ella lo había hecho de manera clave y protegida por las embajadas de Francia y España”.
“Hubo declaraciones de Alfredo Cristiani, en esa época, en las que con intención de desacreditar a Lucía, aseveró que ella hacía favores sexuales a los jesuitas. De ese calibre de mediocridad fueron algunos de los conceptos y declaraciones de descrédito que el matrimonio Cerna tuvo que enfrentar”, afirmó Bernabeu.
Rogatoria a 12 de los 14 encausados
La abogada española explicó la situación actual de los acusados en el proceso. Indicó que desde Madrid se ha enviado San Salvador, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una rogatoria para 12 de los 14 querellados, que son a quienes se les ha localizado en su domicilio.
Se les ha enviado a cada uno una copia de la querella y un interrogatorio preparado por las partes, juez y fiscalía, en las que se les hace un interrogatorio original.
“Ahora lo que resta es que la CSJ en pleno debe decidir si le da curso a la solicitud del juez, Eloy Velasco, para notificarle la querella individualmente a cada uno de los acusados y garantizar que éstos presten declaración en el proceso y nombran abogado defensor. Pueden ir a Madrid a declarar, por video conferencia e incluso por escrito”.
Recalcó Almudena con mucho énfasis que “este es el derecho de defensa de los querellados. Si no lo hacen, el proceso sigue adelante con todas sus consecuencias y los querellados van a perder la oportunidad de defenderse”.
Explicó que las consecuencias de no responder a los requerimientos de la Audiencia Española quedarán a discreción del juez Velasco. El juicio seguiría adelante y se llegará el momento de dictar órdenes de arresto internacional.
“La falta de cooperación del querellado, la falta de comparecencia en el proceso no dejará otra opción”, enfatizó finalmente la joven abogada, quien tiene en su record laboral las sentencias civiles a varios dos generales, un coronel y un mayor del ejército salvadoreño residentes en Estados Unidos por graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra salvadoreña.
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