martes, 2 de febrero de 2010

Las otras impunidades

Las otras impunidades
Por Marielos Monzón - Guatemala, 2 de febrero de 2010

Absortos como estamos en los casos de “alto impacto” que acaparan la atención de propios y extraños, nos han pasado casi desapercibidos algunos hechos tremendamente preocupantes y constitutivos de delitos muy graves, que se han cometido en contra de líderes comunitarios, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
El 13 de enero de este año fue asesinada la dirigente del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos (FRENA), Evelinda Ramírez Reyes, representante del municipio de Ocós, San Marcos. Evelinda, junto a otros tres líderes del municipio de Malacatán —Leonel De León, Fredy Barrios y Jorge Lorenzo— regresaban a su departamento luego de una serie de reuniones en la capital, para denunciar los atropellos que han sufrido las comunidades por parte de la empresa Unión Fenosa-Deorsa. Su vehículo fue acribillado a la altura del kilómetro 208 de la ruta al Pacífico, con el saldo trágico de una dirigente asesinada y otros tres heridos y lesionados.
El día anterior, el grupo se había reunido con los diputados Wálter Félix y Héctor Nuila, de URNG, y Otilia Lux, de Winaq, y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para discutir sobre el estado de Prevención vigente en San Marcos y la negativa del Gobierno de reanudar el diálogo en torno al conflicto suscitado con la empresa; luego de escuchar los argumentos de los dirigentes comunitarios, los diputados solicitaron al secretario ejecutivo de la Presidencia, Luis Velásquez, incluir en la instancia formada por el Gobierno y los empresarios a FRENA. La respuesta del Gobierno fue negativa y lo único que se ofreció fue un espacio de encuentro entre la subsecretaria ejecutiva de la Presidencia y los líderes de FRENA, sin que las pláticas tengan carácter vinculante. Con esta respuesta emprendieron el camino de regreso a San Marcos, momento en el que sufrieron el atentado.
Este sábado 30 de enero se suscitó un nuevo asesinato. A las 8 de la mañana, Pedro Antonio García, secretario de Cultura y Deportes del sindicato de trabajadores municipales de Malacatán, San Marcos, fue asesinado cuando se retiraba de su centro de trabajo. En el lugar del ataque se contabilizaron 23 cascabillos. García lideraba las demandas de los trabajadores por el pago de los salarios que se les adeudaban desde el mes de diciembre del 2009, el pago del aguinaldo, el cumplimiento del pacto colectivo y el pago de otras prestaciones laborales. Con la muerte violenta de Antonio García suman siete los sindicalistas asesinados desde el año pasado, incluidos los seis dirigentes del sindicato de comerciantes de Coatepeque, Quetzaltenango.

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