La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social confirmó con resolución del 9 de julio de 2009, la reinstalación y el pago de salarios a 87 integrantes de la auténtica Redacción de Nuestro Diario –en su mayoría periodistas y fundadores del rotativo– tras rechazar por improcedentes dos recursos de apelación y nulidad presentados por otro grupo de trabajadores de Diarios Modernos, S.A., empresa editora del periódico de mayor circulación en Guatemala.
El fallo de dicha Sala ratifica la resolución emitida el 10 de junio por la jueza Primera de Trabajo, Olga Argentina Enríquez Montúfar, que ordena la reinstalación de los 87 empleados y la cancelación de sus salarios, que ascienden a más de 15 millones de quetzales, los cuales deben ser pagados por el interventor de Diarios Modernos, S.A., Carlos Enrique Wer García.
Por improcedentes
“Los recursos de nulidad y apelación interpuestos por el grupo coaligado devienen improcedentes”, sentencia la resolución de la Sala Segunda en torno a las acciones planteadas por Ingrid López, gerente de Mercadeo, Byron Acevedo; ex jefe de seguridad, y Marvin Gonzalez, contador de la empresa, contra la reinstalación y la cancelación de los salarios.
Anula lo actuado
Por lo tanto, el fallo deja sin valor ni efecto jurídico alguno lo actuado en Segunda Instancia, así como todo lo realizado a partir de las resoluciones de fecha 16 de junio de 2009. Con esta disposición, el interventor Wer García tampoco tiene más argumentos para no pagar esos salarios, pues en la columna que escribe los martes en el Diario La Hora, y en declaraciones a la prensa, él señaló que si un tribunal se lo ordenaba, acataría inmediatamente la disposición.
Los laborantes favorecidos se presentaron el pasado lunes 15 de junio a las oficinas de Diarios Modernos, S.A., en la zona 13, donde debía ejecutarse su reinstalación, pero la guardia privada armada, abogados y la seguridad de los usurpadores de la empresa, encabezados por el ex gerente Jorge Springmühl, impidieron que el ministro ejecutor, Hugo Saravia, nombrado por el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia, ramo laboral, concretara la orden de la jueza Enríquez, violándose así nuevamente la ley.
Origen del conflicto
El 24 de julio de 2008, Springmühl y los accionistas minoritarios de Diarios Modernos S.A. –entre los que figuran Rodrigo Castillo del Carmen, Manuel Zarco y Édgar Contreras– apoyados por más de 100 policías nacionales civiles, entraron violentamente a Nuestro Diario y sacaron con lujo de violencia al vicepresidente del Consejo de Administración, Luis Enrique Solórzano, y a otras autoridades legítimas de la entidad.
Asímismo, invadieron la planta periodística y tomaron por la fuerza el control editorial del matutino, ante lo cual la Redacción en pleno decidió trasladarse a otra sede, medida que fue apoyada por el Consejo de Administración, órgano supremo de la empresa.
Desde esa fecha, Nuestro Diario está ocupado ilegalmente por Springmühl y un grupo de trabajadores que se plegó a sus intereses personales, y que se niega a entregar las instalaciones de la Redacción, Administración, el taller de impresión y los departamentos de Circulación y Publicidad, entre otros.
En septiembre de 2008, Carlos Wer García fue nombrado interventor de Nuestro Diario por el juez Sexto de Trabajo, Carlos Reyes, con el único fin de garantizar y hacer efectivos los salarios de todos los trabajadores, sin excepción.
Pero durante meses se negó a acatar la disposición y engañó varias veces a los 87 empleados perjudicados, diciéndoles que les pagaría, lo que nunca cumplió.
Su actitud antisolidaria provocó que fuera consignado al Tribunal de Honor de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), de la cual era presidente, y éste lo declaró culpable por perjudicar a los 87 trabajadores, entre quienes hay 5 apegistas que lo acusaron.
Finalmente, Wer García fue desconocido por la Asamblea General de la APG del 30 de abril de 2009, a consecuencia de no cumplir reiteradamente con sus funciones de presidente. Ahora, con la resolución de la Sala Segunda, de nuevo se hace justicia a los 87 laborantes que durante más de un año han reclamado el pago de salarios, tras rechazar las imposiciones del ex gerente Springmühl, quien intentó despedirlos ilegalmente y les negó todas las prestaciones a las que tienen derecho, como aguinaldos, atención en el IGSS, la devolución de las retenciones hechas por la SAT en 2008 y Bono 14.
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