Rony Iván Véliz
Guatemala, 31 de agosto.- El ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj, acusado del delito de desaparición forzada de seis personas, entre 1982 y 1984, en Chimaltenango, fue condenado hoy a 150 años de prisión. El Tribunal de Sentencia de ese departamento, le impuso 25 años por cada una de las víctimas.
Cusanero es el primer guatemalteco que enfrenta juicio en el país por desapariciones forzadas.
El juicio contra Cusanero se reanudó el pasado 26 de agosto en el Tribunal de Sentencia en Chimaltenango, luego de estar suspendido por un año y medio, por acciones legales que interpuso el acusado.
En esa oportunidad estuvieron presentes en la audiencia, varios embajadores acreditados en el país, en espera de que el fallo siente un precedente histórico en Guatemala, a favor de los derechos humanos.
Los diplomáticos presentes en esa fecha fueron Stephen McFarland, embajador de Estados Unidos, y Jorge Mario Saavedra, embajador de Chile.
En la audiencia de hoy estuvieron presentes los diplomáticos de Chile, y Teunis Kawper, de Holanda, quienes mostraron su beneplácito por el fallo del Tribunal.
“La sentencia llena de fuerza y esperanza a las personas y organizaciones que luchan el pro de los Derechos Humanos”, expresó Kawper.
“Con éste fallo Guatemala da un paso importante en la reinvindicación de lo Derechos Humanos de sus ciudadanos y la Comunidad Internacional valora este hecho histórico”, comentó Saavedra.
Según fuentes del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), que asesora a familiares de las víctimas, la semana pasada los querellantes adhesivos y el Ministerio Público (MP) presentaron pruebas documentales en contra de Cusanero.
Las víctimas desaparecidas por el ex comisionado militar son Lorenzo Ávila, Alejo Culajay Ic, Filomena López Chajchaguin, Encarnación López López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay Cajtí.
Durante los años de 1982 a 1984, en la aldea Chuatalúm, San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, se perpetraron seis desapariciones forzadas, supuestamente por Cusanero, con el apoyo del Ejército y patrulleros de las Autodefensas Civil.
La acusación penal en contra del ex comisionado militar fue presentada el 9 de junio de 2003 por familiares de los seis indígenas desaparecido, y a ellos se unió como querellante la asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala.
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