ANTE LA DIFAMACION CONSTANTE CONTRA LOS Y LAS DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE MAS SANO Y AL DERECHO A LA CONSULTA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

ANTE LA DIFAMACION CONSTANTE CONTRA LOS Y LAS
DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL DERECHO A UN MEDIO
AMBIENTE MAS SANO Y AL DERECHO A LA CONSULTA DE
LOS PUEBLOS INDIGENAS

Como Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos,
nos unimos a los pronunciamientos de rechazo ante las
agresiones y difamaciones que por escrito están circulado a nivel
nacional e internacional, desde los primeros días del mes de marzo por
vía electrónica y otro medios de distribución, en contra de los líderes
de las comunidades organizadas de San Juan Sacatepequez, organizaciones
y personas que están siendo criminalizadas por oponerse a la operación
de una cementera en dicho Municipio.
Esta oposición se respaldada por la decisión firme de las comunidades
plasmada a través de las distintas consultas populares (que se amparan
en el Convenio 169 de la OIT), realizadas en las 12 comunidades y que
son directamente afectadas con la operación de dicha cementera,
El derecho a la petición, a la organización, a la resistencia pacífica,
a la manifestación; son derechos constitucionales que están siendo
reprimidos por cuerpos ilegales que se han dedicado a accionar de forma
violenta, a través, de ejecuciones extrajudiciales, quema de
vehículos, violaciones, amenazas, intimidaciones y en las últimas
semanas la quema de varias casas y campañas de difamación por
escrito, con el fin de desacreditar las organizaciones sociales.
Situaciones que han estado aprovechando para inculpar a las y los
defensores, en una repetición de tácticas que en el pasado fueron
utilizadas para acusar a los y las defensoras en aquel momento de
guerrilleros, ahora señalándoles como terroristas. Hace meses se pidió a
la CICIG la intervención para investigar la posible
existencia de grupos paralelos involucrados en hechos violentos y que
podrían ser parte de quienes están haciendo circular estas difamaciones
y agresiones escritas. Este tipo de prácticas reprobables es parte de la
estrategia para acabar con la oposición de las comunidades.

Guatemala, 11 de marzo del 2010.