CARTA ABIERTA
La nueva Ley de las Comisiones de Postulación ha tenido un surgimiento peculiar, sorprendente y polémico. En primer lugar, el anteproyecto de Ley de las Comisiones de Postulación presentado por la diputada Nineth Montenegro fue tratado despectivamente, inclusive por el propio presidente de la república, Álvaro Colom Caballeros, como una iniciativa “sin dientes”. El propio presidente del organismo legislativo dijo en su momento que dicho anteproyecto de ley no estaba contemplado dentro de las prioridades de ese organismo para ser analizadas y discutidas antes del receso parlamentario. Hay que reconocer que la actuación del diputado Aníbal García también fue importante en la lucha por el impulso a la referida ley.
Después de los acontecimientos políticos que generó la divulgación del “Video Rosenberg”, la iniciativa de la diputada Montenegro resurgió en el Congreso de la República como el ave fénix. De pronto, a la iniciativa de ley le florecieron “dientes” y el Presidente del Legislativo se apresuró a colocarla dentro de las iniciativas urgentes para ser consideradas por ese organismo del Estado. Posteriormente, fue aprobada en poco tiempo. Sin embargo, su implementación luego de haberse publicado en el ‘Diario de Centroamérica’, podría complicarse dada la oposición del Consejo de Rectores de las 11 universidades existentes en el país.
De acuerdo a informaciones periodísticas, los rectores se oponen a cumplir con el objetivo de transparencia que dispone la ley. No desean que el Congreso de la República haga un sorteo público entre los rectores de las universidades que cuentan con facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales, para que presidan dos de ellos –que el azar determinará– sendas comisiones de postulación que deberán proponer las nóminas de candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, respectivamente. Muy interesante resulta indagar cuáles son las razones por las que los rectores de las academias de educación superior universitaria se niegan a una exigencia popular en torno a la transparencia que debe regir todos los actos de la vida pública del país. Naturalmente, hay que deslindar las razones que tienen o que presentan los rectores de las universidades privadas y las que arguye el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), la única estatal.
En el caso de las universidades privadas, algunos rectores han tenido o buscan tener una participación política partidista. No puede descartarse el interés y la vinculación que dichos rectores puedan tener con ciertos sectores de poder económico y político que desearan influir en la selección de los candidatos a magistrados. Hemos leído las declaraciones de Estuardo Gálvez Barrios, rector de la Usac en torno a este tema. Al parecer, al actual rector no le conviene el sorteo público, pues quedaría mal con los financistas que desean su participación en las comisiones de postulación y de su intento de reelección en la Usac para el próximo período rectoral, 2010-2014. ¡Qué vergüenza que el Rector de la Tricentenaria se oponga a la transparencia que exige el pueblo de Guatemala!
Dr. Eduardo Velásquez
Candidato a Rector de la USAC
2010-2014
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