foto Arturo Albizures
Guatemala- Demandan justicia a tribunales guatemaltecos por masacre de la Embajada de EspañaGuatemala 29 Ene (Cerigua).- El 31 de enero se cumplen 30 años de la quema de la Embajada de España en Guatemala, donde perecieron 37 personas, pero la justicia guatemalteca se ha negado a juzgar a los responsables, declaró la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, junto a campesinos y activistas humanitarios que se preparan para conmemorar esta fecha y exigir justicia.
La masacre de la Embajada de España fue una puerta abierta para el genocidio en Guatemala, las masacres masivas, las torturas, los secuestros, las persecuciones de dirigentes y fosas comunes, pero hasta hoy los tribunales guatemaltecos no han iniciado una investigación exhaustiva de este hecho, indicó Menchú.
La Premio Nobel de la Paz recordó que en 1999 presentó ante la Audiencia Nacional Española una demanda penal contra los altos mandos de la cúpula militar y del gobierno de la época, por delitos de lesa humanidad, pero no prosperó porque la Corte de Constitucionalidad (CC) “amparó a los genocidas en diciembre de 2007”.
La resolución de la CC alegaba respeto a los tribunales guatemaltecos pero han pasado dos años y no han dado muestras de persecución penal a los delitos que presentamos en la Audiencia Española, lamentó la líder indígena.
Julio Solórzano Foppa, hijo de la poetisa desparecida, Alaíde Foppa, y querellante ante la Audiencia, coincidió con Menchú en que la resolución de la Corte pretende evitar la búsqueda de justicia en el exterior; en Guatemala los pocos casos conocidos en los tribunales han sido impulsados por las organizaciones de derechos humanos, agregó.
Los familiares y amigos de las víctimas entregaron este viernes una Carta Abierta a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, para exigir que se reconsidere la medida por ser ilegal, ilegítima y violatoria de los acuerdos en derechos humanos signados por el Estado.
Las organizaciones humanitarias anunciaron que este 29 de enero iniciarán las actividades conmemorativas en nombre de los caídos el 31 de enero de 1980, entre los que figuran 27 líderes campesinos y varios estudiantes, quienes ocuparon la sede diplomática, con el fin de llamar la atención internacional hacia la represión que el ejército guatemalteco realizaba en las comunidades indígenas.
Entre los responsables de ese hecho sangriento las entidades señalan a Jesús Valientes Téllez, ex jefe de la Policía Judicial; Pedro García Arredondo, ex jefe del “comando seis” de la Policía Nacional y Donaldo Álvarez Ruiz, ex ministro de Gobernación, entre otros.
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