LA LUCHA NO SE QUEDA AQUI... LA LUCHA CONTINUA
viernes, 1 de octubre de 2010
jueves, 30 de septiembre de 2010
¡DETENER LA AGRESIÓN GOLPISTA EN ECUADOR!
¡DETENER LA AGRESIÓN GOLPISTA EN ECUADOR!
Ante la agresión golpista en Ecuador, disfrazada con un acto de desobediencia policial, la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM), manifiesta:
- La mañana del jueves 30 de septiembre, la policía en Ecuador se amotinó para rechazar disposiciones gubernamentales que limitaban bonos y ascensos en las fuerzas de la policía y el ejército ecuatorianos. Ante un intento de mediación por parte del presidente de ese país, Rafael Correa, miembros de la policía le agredieron y forzaron su traslado a un centro hospitalario de Quito, capital ecuatoriana, en donde hasta la redacción de esta nota le mantenían cautivo.
- Mientras estos hechos se han sucedido, las fuerzas armadas ecuatorianas han desobedecido la orden presidencial de retomar el control y proteger la institucionalidad democrática, por lo que, hasta el momento se constituyen en cómplices sospechosas de las acciones policiales golpistas y de agresión violenta a la ciudadanía. Este hecho disfraza la intención real que derivó en la acción golpista que ha tenido la complicidad militar y empresarial en Ecuador.
Por lo anterior, SEDEM:
- Manifiesta su total repudio a la sublevación policial con protección militar que este jueves ha agredido la institucionalidad democrática en Ecuador y ha tenido cautivo al presidente Rafael Correa.
- Expresa su condena inmediata a la violencia armada de las fuerzas policiales de Ecuador en contra de la población civil no combatiente que ha intentado rescatar al presidente cautivo de las fuerzas de policía.
- Afirma su rotundo rechazo y protesta contra las agresiones y ataques a defensoras y defensores de derechos humanos, quienes son agredidos por fuerzas de policía.
- Exige al gobierno de Guatemala de reclamar por los espacios diplomáticos correspondientes la inmediata restitución del orden legal y constitucional en Ecuador, así como la sanción correspondiente a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos criminales.
- Reclama a los organismos regionales e internacionales, intervenir inmediatamente en aras del restablecimiento del orden legal y de evitar la repetición vergonzosa de golpes de Estado en América Latina.
- Exhorta al pueblo de Ecuador a no desmayar en la defensa de la democracia y convoca al pueblo y organizaciones sociales guatemaltecas a manifestar su respaldo al pueblo ecuatoriano.
Guatemala, 30 de septiembre de 2010
Sala de Redacción repudia el asalto al departamento del colega Marvin del Cid Acevedo
Sala de Redacción repudia el asalto al departamento del colega Marvin del Cid Acevedo, del Equipo de Investigación de elPeriódico, ocurrido la noche del martes 28 de septiembre. Como ya había ocurrido el 24 de junio, en un hecho similar, los desconocidos cargaron con equipo de trabajo y archivos sobre investigaciones en desarrollo.
Sala de Redacción exige a las autoridades que se investigue y aclare el acoso contra el colega Del Cid, así como garantizar su seguridad personal. Además, insta a las organizaciones humanitarias y de prensa y a los periodistas en general a pronunciarse.
Es hora de que reflexionen y dejen la FAFA por un lado
Es hora de que reflexionen y dejen la FAFA por un lado
Carlos Maldonado
Los golpistas se vistan como se vistan siempre tendrán el rostro cadavérico del Imperio detrás de su máscara democrática. Hoy los seguidores de Lucio Gutiérrez y Novoa de la Sociedad Patriótica y una escisión del Movimiento Indígena Pachakutik se han unido para derrocar al Presidente legítimo del Ecuador lo que supone que la derecha que es la que ha pregonado a los cuatro vientos la democracia, cuando ésta es alcanzada por los sectores populares, o sea, la mayoría, es saboteada, vilipendiada y descalificada. La cuestión como está siendo demostrada en Ecuador es de lucha de clases, aunque los “rosaditos” digan que eso es un discurso desfasado. Sino, vean a los burgueses de Lucio y Novoa ahora codo a codo con algunos indígenas desorientados del Pachakutik a quienes refundirán en su miseria no más hayan alcanzado su objetivo: el poder.
Cuando los intereses de los sectores poderosos y las migajas que les dan a sus “perrillos falderos” son tocados y disminuidos por un gobierno democrático en aras de garantizar una mayor y mejor distribución de la riqueza, éste es asediado y saboteado por esos grupúsculos que aunque mínimos poseen el poder económico y de las armas y que coloreados con algunos “tontos útiles” de los sectores más pobres, se visten de “populares”. Cuidado, no todo el que diga “señor, señor, entrará al reino de los cielos”. No todo lo que brilla es oro.
El más reciente ejemplo: en Venezuela, en sus recientes votaciones donde resultó vencedor el Partido Socialista Unido de Venezuela –PSUV- con dos tercios de los votos frente a la fragmentada “oposición” la cual solo pudo ser juntada por los gringos bajo el gracioso nombre de Mesa de la Unidad Democrática –MUD- con la promesa de “subvencionarlos”, se sufre ahora el embate de los medios al servicio del Imperialismo desde CNN, FOX News, ABC hasta los de orden local que van desde México a la Patagonia, los cuales, ahora, repiten el mismísimo estribillo con los matices propios de los pseudoperiodistas que escriben las notas, de que el método de elección estaba diseñado por el gobierno para “favorecer” al PSUV. Sin embargo, ni esos medios ni la “oposición”, quienes tuvieron el tiempo suficiente para denunciarlo, si sabían que estaba en su contra, dijeron nada. Como se dice en Guatemala, ahora quieren buscarle tres pies al gato. Quieren hacer las de que Jalisco nunca pierde y si lo hace, arrebata.
Ahora en Ecuador, bajo el pretexto de que se verían disminuidos los beneficios de los policías por una reforma hecha por la Asamblea Legislativa, se sublevan pero en esa vorágine de rebelión se suman los elementos golpistas para “derrocar al Presidente y, esos medios se suman, en principio haciendo un silencio cómplice. No informan por horas, luego empujados a hacerlo por la misma dinámica de los medios independientes y otros estructurados bajo un nuevo concepto de periodismo como Telesur, empiezan a masticar el mismo libreto: “No es un golpe de estado, es una sublevación de policías y del ejército por una disminución de sus beneficios económicos”. Argumento que acompaña esa otra variante de golpe.
Mientras tanto, mantienen secuestrado al Presidente Correa en un Hospital que para su mala fortuna estaba recién operado de una rodilla la cual se lastimó de nuevo en el ataque que los sublevados llevaron a cabo en su contra cuando trató de dialogar con ellos en total irrespeto a su persona e investidura.
Señores periodistas, ¡esto es GOLPE DE ESTADO! No traten de engañar a la gente ni de confundirla con eufemismos como lo hicieron en Honduras donde ustedes mismos se ocuparon de culpar al mismo Presidente Zelaya de su defenestración y secuestro. ¡Qué clase de informadores son ustedes! ¡Bellacos! Con razón nadie quiere seguir en la cloaca de la Escuela de Ciencias de la Comunicación en mi país y, me imagino, de similares naturalezas en otros países.
La labor del periodista es informar verazmente, en ello entra en juego la vergüenza, la ética y el profesionalismo. Los que no toman en cuenta esos valores no merecen el título de Periodistas, porque eso conlleva una gran responsabilidad, incluyendo la pérdida de la vida misma como lo han hecho varios dignos periodistas en América del Sur y el mundo entero. Es hora de que reflexionen y ya dejen la fafa por un lado.
NUESTRO RESPALDO POPULAR A RAFAEL CORREA, PRESIDENTE DE ECUADOR
NUESTRO RESPALDO POPULAR A RAFAEL CORREA, PRESIDENTE DE ECUADOR
El Frente Popular, como expresión popular en Guatemala, manifestamos nuestra condena al atentado del cual ha sido objeto del Presidente de Ecuador, Rafael Correa, y el intento de golpe de Estado que se ha venido fraguando en dicho país, tanto por la oligarquía local como por el imperio estadounidense, en este caso operado, en su inicio, por oficiales de policía descontentos.Ante estas conspiraciones e intentonas golpistas, la única alternativa popular es la movilización popular en defensa de sus gobiernos legítimos. No dudamos que el pueblo ecuatoriano logrará, a partir de su movilización -que ya dio inicio-, derrotar esta intentona golpista y saldrá victorioso de esta batalla.
La derecha recalcitrante y retrógrada no podía quedarse tranquila, máxime después de la derrota electoral que sufrió en Venezuela. Con la misma voracidad con la que suelen conducirse por la pérdida de sus privilegios y su poder, paulatinamente, juegan al golpe de Estado. No pueden aceptar que su tiempo se acabó, que en los países del ALBA como próximamente en Brasil donde se llevarán a acabo elecciones el próximo domingo, ya han sucumbido, pero el Imperialismo con todo su poder político, mediático y económico los financia a grandes sumas para desestabilizar y derrocar a gobiernos emergidos de la voluntad del pueblo.
En esta ocasión le está tocando a Ecuador y a su presidente Rafael Correa, pero como siempre confiamos en el pueblo, allí también confiamos en los ecuatorianos y en sus fuerzas armadas nacidas del pueblo que sabrán revertir ese golpe de Estado en ciernes y podrán descalabrar a los altos mandos golpistas, traidores y usurpadores. Al Imperialismo ni tantito así de ventaja.
Esta es la ocasión para que Correa, ya restituido, pueda darle un estacazo contundente a esa burguesía y sus medios vendepatria y nacionalizarlos pues con semejante ariete que no informa y cuando lo hace es a través de calumnias y oprobios, es imprescindible desarmarlos totalmente.
Todos pues, a apoyar a Correa y a la Revolución Ciudadana sin medias tintas y con el empuje popular, no con la fragilidad con que se trató a Honduras.
¡Fuera yanquis de nuestros pueblos, fuera de América indiana. No podrán con Ecuador ni con ningún otro! ¡ABAJO LOS TRAIDORES!
TODOS A LA EMBAJADA ECUATORIANA A MANIFESTAR NUESTRO RESPALDO A RAFAEL CORREA Y LA REVOLUCIÓN CIUDADANA.
FRENTE POPULAR DE GUATEMALA
lunes, 27 de septiembre de 2010
PROHIBIDO OLVIDAR - MAURO CALANCHINA
PROHIBIDO OLVIDAR - MAURO CALANCHINA
Asociación COMUNICARTE brinda un Homenaje a nuestro compañero Mauro Calanchina, quién falleció en Suiza, el 26 de septiembre del 2008, dejándonos un recuerdo inolvidable de su personalidad revolucionaria y solidaria con la causa del pueblo.
Como militante del Partido Guatemalteco del Trabajo y de la Juventud Patriótica del Trabajo, contribuyo a la memoria histórica reciente del país. Su archivo fotográfico es una de las más completas colecciones sobre los movimientos sociales
en el país, sus imágenes inmortales acompañarán por siempre la lucha del pueblo guatemalteco y serán una luz en el tortuoso camino de construir una Guatemala Solidaria, de Paz y Democracia para todos.
hasta siempre compañero ...... MAURO CALANCHINA
lunes, 20 de septiembre de 2010
Un Plan Colombia para México
Un Plan Colombia para México
By Laura Carlsen, 14 Sept. 2010, http://www.cipamericas.org/es/archives/3215
La Secretaria de Estado de E.U. Hillary Clinton afirmó el miércoles pasado que México y Centroamérica están enfrentando una “insurgencia” que exige aplicar el equivalente del Plan Colombia en la región. Sus comentarios despertaron al instante la ira del gobierno mexicano, así como temores de una intervención militar más extensa de Estados Unidos.
“…nos enfrentamos a la amenaza creciente de una red bien organizada de narcotráfico que en algunos casos se transforma en o está haciendo causa común con lo que consideraríamos una insurgencia en México y en Centroamérica”, declaró Clinton, añadiendo que “estos cárteles de la droga están demostrando índices cada vez mayores de insurgencia; de súbito aparecen coches bomba donde antes no los había.”
Irónicamente, la pregunta a la que Clinton estaba respondiendo fue en torno a qué ha estado haciendo Estados Unidos en lo tocante a su “responsabilidad en el hecho de que las drogas vengan hacia el norte y las armas vayan hacia el sur.” En lugar de contestar la pregunta, Clinton comparó a México con Colombia y pronunció la declaración más audaz hasta la fecha sobre la intervención estadounidense, que incluye apoyo militar, en la guerra de México contra el narcotráfico.
“[S]e está pareciendo cada vez más a la Colombia de hace 20 años”, dijo Clinton. “Y Colombia… llegó hasta el punto en donde más de una tercera parte del país, casi el 40 por ciento del país en una u otra época estaba controlada por los insurgentes, por las FARC. Pero se requerirá una combinación de capacidad institucional y cumplimiento de la ley mejorados y, cuando se apropiado, respaldo militar a ese cumplimiento de la ley, conjugados con la voluntad política para ser capaz de evitar que el problema se extienda y procurar reducirlo…” Clinton sostuvo que el Plan Colombia dio resultados positivos y añadió que “necesitamos idear cuáles serían los equivalentes para América Central, México y El Caribe.”
La respuesta mexicana
Miembros del Congreso Mexicano reaccionaron con indignación. En sesiones para analizar el cuarto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, un diputado señaló que en el gobierno estadounidense “son buenos para criticar a otros países y no reconocer que son una parte importante de esta negra cadena de narcotráfico y crimen organizado. El pueblo mexicano debe rechazar cualquier actitud injerencista de parte del gobierno de Estados Unidos.” Algunos congresistas demandaron que la Secretaria de Relaciones Exteriores envíe una nota formal de protesta al gobierno de Obama.
La Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa declaró que “no comparto una apreciación en este sentido”, refiriéndose a las declaracines de su contraparte norteamericana. A su vez, el vocero del gabinete Alejandro Poire rechazó la comparación con Colombia.
En Washington, funcionarios de Obama se apresuraron a tratar de reparar el daño. El Secretario de Estado Adjunto Arturo Valenzuela corrigió a su jefa, explicando que el empleo “[d]el término ‘insurgencia’ no debería ser visto de la misma forma en que nos referimos a una insurgencia colombiana. No una insurgencia de un grupo militarizado que opera dentro de una sociedad e intenta apoderarse del estado por motivos políticos.” Posteriormente el Presidente Obama descartó la comparación en observaciones hechas a La Opinión.
El comentario desató un remolino dentro del gabinete de Obama y en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México.
La comparación colombiana
Lo único sorprendente de los conceptos vertidos por Clinton es que los mencionó en voz alta. La Iniciativa Mérida originalmente se propuso como “Plan México” hasta que el nombre fue desechado. La comparación directa con el Plan Colombia se consideró como una desventaja. En México, la idea de la presencia militar estadounidense inflama el sentimiento nacionalista. Mientras tanto, en Estados Unidos el impacto insignificante sobre el tráfico de drogas y el incremento de violaciones a derechos humanos que implicó el Plan Colombia a un costo de 7,300 millones de dólares vuelve preocupante el que sea copiado en la frontera con México.
Cualquiera que sea su nombre, el plan de Bush para México y Centroamérica siempre guardó una relación estrecha con su antecesor del cono sur. El Plan Colombia comenzó como un plan antinarcóticos estructurado según los lineamientos del modelo de guerra antidrogas de aplicación de la ley, bloqueo y uso del ejército, todo ello con la cercana participación de Estados Unidos. El Plan México no incluye la presencia del ejército estadounidense pero sigue el mismo modelo.
La fusión intencional que establece Hilary Clinton de la insurgencia con el narcotráfico surge de una de dos fuentes posibles: ignorancia o desinformación maliciosa. Una insurgencia busca apoderarse de territorio para producir un cambio profundo en la estructura de la sociedad y, por lo general, tomar a su cargo el gobierno. Los narcotraficantes, pese a declaraciones de Calderón en contra, no lanzan ofensivas contra el estado para substituirlo. Su ocupación principal es proteger y expandir su extremadamente lucrativo negocio. El mal entendido –al parecer intencionado- respecto de esta distinción es en parte el fundamento de la fallida política con la que se libra la guerra contra las drogas.
Si la distinción fuera entendida, la estrategia obvia debía ser atacar el negocio, no a quienes lo manejan. Contratar substitutos dentro de un cártel es extremadamente fácil en México. La estructura de los cárteles es flexible, en ellos nuevos dirigentes o pandillas rivales reemplazan a los eliminados o debilitados. Existe una fuente inagotable de hombres jóvenes con escasas perspectivas en la vida en un país donde el gobierno ha fracasado en proporcionarles oportunidades educativas o laborales adecuadas.
Atacar el negocio significa ir tras las estructuras financieras trasnacionales que lo soportan, y ambos gobiernos han parecido renuentes a hacerlo con decisión dado que el dinero de la droga fluye a través de las principales poderosas instituciones financieras, aporta liquidez y financia empresas exteriormente legítimas.
La adopción de políticas regresivas
Poco antes de los señalamientos de Hillary Clinton, el Congreso de E.U. asignó $175 millones de dólares más para la guerra antinarco mexicana sin ninguna revisión o análisis estratégico comprehensivos de los terribles resultados que el modelo ha arrojado hasta la fecha. La violencia vinculada con la droga estalló al sur de la frontera con cerca de 30,000 muertos desde que se declaró la guerra a fines de 2006. Las violaciones de derechos humanos de que se acusa al ejército se habían sextuplicado el año pasado, y justo en los últimos meses efectivos del ejército han matado a tiros a varios civiles.
Los representantes electos por los estadounidenses deberían asignar los dólares de sus impuestos con base en un minucioso análisis de cómo los recursos alcanzarán efectivamente los objetivos relacionados con el bien público. Hoy, cuando se trata de asignar recursos para la defensa en general, y el Plan México es un ejemplo extremo, el modus operandi es: gastar ahora, y lidiar con los resultados desastrosos después…. gastando todavía más. De acuerdo con un informe reciente de la General Accounting Office (Oficina de la Contraloría General de E.U.), la Iniciativa Mérida ni siquiera contiene objetivos a alcanzar por medio de los cuales evaluarla.
La asignación suplementaria para México estipula que las normas bajo el rubro “Control y Cumplimiento de Leyes Antinarcóticos a nivel Internacional” (INCLE) requieren que el Departamento de Estado emita un informe que demuestre el cumplimiento de los requisitos de su Sección 7045(e). Estas “condiciones de derechos humanos”, que algunos legisladores y grupos de Washington impulsaron, reflejan serias preocupaciones de que los fondos estarían fluyendo a fuerzas de seguridad mexicanas notoriamente corruptas y abusivas.
No obstante, en la práctica el Congreso diluyó las condiciones de tal manera que proporcionen una cortina de humo para esconder preocupaciones más graves respecto de la estrategia. El Congreso ignoró las críticas contra la Iniciativa Mérida de la AFL-CIO y organizaciones de ciudadanos y aprobó cinco asignaciones separadas que en total suman casi 1,500 millones de dólares. La iniciativa se transformó de un compromiso de tres años a un pacto permanente.
El 5 de septiembre la Secretaria de Estado Clinton anunció que el gobierno de E.U. estaba reteniendo el 15% de la nueva asignación suplementaria con base en las “condiciones de derechos humanos”. El gobierno mexicano se quejó públicamente y en voz alta pero lo celebró en privado. Las matemáticas son bastante claras: ‘te daremos 175 millones de dólares en fondos extraordinarios pero te retendremos 26 millones de dólares’–de lo que resulta una ganancia neta de 149 millones de dólares. Ambos gobiernos hicieron declaraciones santurronas. El de Estados Unidos criticó a México “olvidando” el hecho de que el crimen trasnacional no podría funcionar sin corrupción dentro de sus propias fronteras. El gobierno de Calderón protestó contra el escándalo sobre los derechos humanos que hacía su vecino cuando tiene una guerra que librar. Hasta la prensa convencional señaló las contradicciones del juego de cifras.
A estas alturas se pensaría que la estrategia de imponer condiciones para lograr una guerra antinarco más bondadosa y amable (como diría Bush padre) estaría absolutamente desacreditada. La interpretación más generosa es que fue una estrategia de parte de grupos y congresistas que malentendieron tanto la situación en México como la nueva relación binacional del Pentágono que se estaba forjando a través del Plan. En lugar de proceder a la necesaria rectificación inmediata, la administración Obama planea pedir todavía más fondos públicos para la política fracasada mientras, de dientes para afuera, defiende los derechos humanos.
Dudas cada vez mayores
La última controversia sobre políticas para el narcotráfico en México sobreviene en medio de las dudas a ambos lados de la frontera. Los senadores mexicanos de todos los partidos políticos excepto el de Calderón, criticaron acremente el “fracaso” de la guerra contra las drogas del presidente en un análisis del cuarto informe anual de la administración. El Partido Revolucionario Institucional señaló que el informe anual presentado por el presidente Calderón mostraba menos incautaciones y ningún aumento notable en arrestos comparados con niveles históricos, y una asignación de tan sólo 1,500 millones de pesos a la prevención de adicciones. Un miembro del Partido de la Revolución Democrática deploró la ecuación de “a más recursos, más muertes”, ya que a la fecha, la guerra contra las drogas le ha costado al castigado presupuesto mexicano cerca de 7 mil millones de dólares.
En Estados Unidos también han crecido las dudas en cuanto a la eficacia de la estrategia. El Subdirector del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) Alonzo R. Peña lamentó que el gobierno mexicano a menudo no tome en cuenta los servicios de inteligencia de E.U. antes de actuar. Peña comentó que en ocasiones el motivo podía ser simple precaución pero que en otras “era completamente corrupción”. En Washington, el aumento de consecuencias negativas ha conducido a inquietudes sobre la falta de una estrategia de salida o un camino claramente definido hacia el éxito.
No hay fórmulas mágicas que se presenten, en particular si se atiende al grave deterioro de la situación en México. No obstante, el Congreso de E.U. no debe ignorar la violencia desencadenada bajo los términos de la política actual, y no puede aceptar los asesinatos como daño colateral. En México, los especialistas calculan que a este paso las muertes relacionadas con el narcotráfico alcanzarán más de 70,000 hacia el final de la presidencia de Calderón, a un ritmo de 50 muertes diarias en todo el país.
Estados Unidos debe empezar por reconocer la responsabilidad que comparte por el crecimiento del crimen organizado en México. Estados Unidos se enfrenta también a enormes desafíos dentro de sus fronteras y comparte la responsabilidad por respaldar una estrategia que de forma tan evidente ha incrementado la brutalidad de los cárteles de la droga. Hay muy escasa información sobre las actividades anticorrupción en Estados Unidos que no sólo no han prevenido, sino de hecho han facilitado el trasiego transfronterizo de substancias ilegales para su distribución a ciudades de una a otra costa. Los programas de tratamiento contra adicciones y prevención de abuso de drogas tienen un presupuesto de miseria. Medidas como la del referendo sobre la regulación de la mariguana podrían eliminar una enorme parte del ingreso de los cárteles sacando la droga del mercado negro.
Las declaraciones de Hillary Clinton revelan las fuertes corrientes dentro del gobierno estadounidense que buscan intensificar la injerencia de E.U. en la guerra mexicana contra las drogas. Nunca es fácil admitir un fracaso de tal magnitud en las políticas, o revertir planes como el Plan México que involucran a los poderosos grupos cabilderos de empresas de defensa y de seguridad privada. Pero el Presidente Obama ha demostrado el valor para admitir errores en el pasado y buscar rectificarlos. Tanto su administración como el Congreso de E.U. deben demostrar hoy ese valor para reorientar decisivamente la descontrolada guerra contra las drogas.
Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas del Center for International Policy en http://www.cipamericas.org/.
Este artículo se publicó originalmente en la columna de Laura Carlsen para Foreign Policy in Focus.
By Laura Carlsen, 14 Sept. 2010, http://www.cipamericas.org/es/archives/3215
La Secretaria de Estado de E.U. Hillary Clinton afirmó el miércoles pasado que México y Centroamérica están enfrentando una “insurgencia” que exige aplicar el equivalente del Plan Colombia en la región. Sus comentarios despertaron al instante la ira del gobierno mexicano, así como temores de una intervención militar más extensa de Estados Unidos.
“…nos enfrentamos a la amenaza creciente de una red bien organizada de narcotráfico que en algunos casos se transforma en o está haciendo causa común con lo que consideraríamos una insurgencia en México y en Centroamérica”, declaró Clinton, añadiendo que “estos cárteles de la droga están demostrando índices cada vez mayores de insurgencia; de súbito aparecen coches bomba donde antes no los había.”
Irónicamente, la pregunta a la que Clinton estaba respondiendo fue en torno a qué ha estado haciendo Estados Unidos en lo tocante a su “responsabilidad en el hecho de que las drogas vengan hacia el norte y las armas vayan hacia el sur.” En lugar de contestar la pregunta, Clinton comparó a México con Colombia y pronunció la declaración más audaz hasta la fecha sobre la intervención estadounidense, que incluye apoyo militar, en la guerra de México contra el narcotráfico.
“[S]e está pareciendo cada vez más a la Colombia de hace 20 años”, dijo Clinton. “Y Colombia… llegó hasta el punto en donde más de una tercera parte del país, casi el 40 por ciento del país en una u otra época estaba controlada por los insurgentes, por las FARC. Pero se requerirá una combinación de capacidad institucional y cumplimiento de la ley mejorados y, cuando se apropiado, respaldo militar a ese cumplimiento de la ley, conjugados con la voluntad política para ser capaz de evitar que el problema se extienda y procurar reducirlo…” Clinton sostuvo que el Plan Colombia dio resultados positivos y añadió que “necesitamos idear cuáles serían los equivalentes para América Central, México y El Caribe.”
La respuesta mexicana
Miembros del Congreso Mexicano reaccionaron con indignación. En sesiones para analizar el cuarto informe de gobierno del presidente Felipe Calderón, un diputado señaló que en el gobierno estadounidense “son buenos para criticar a otros países y no reconocer que son una parte importante de esta negra cadena de narcotráfico y crimen organizado. El pueblo mexicano debe rechazar cualquier actitud injerencista de parte del gobierno de Estados Unidos.” Algunos congresistas demandaron que la Secretaria de Relaciones Exteriores envíe una nota formal de protesta al gobierno de Obama.
La Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa declaró que “no comparto una apreciación en este sentido”, refiriéndose a las declaracines de su contraparte norteamericana. A su vez, el vocero del gabinete Alejandro Poire rechazó la comparación con Colombia.
En Washington, funcionarios de Obama se apresuraron a tratar de reparar el daño. El Secretario de Estado Adjunto Arturo Valenzuela corrigió a su jefa, explicando que el empleo “[d]el término ‘insurgencia’ no debería ser visto de la misma forma en que nos referimos a una insurgencia colombiana. No una insurgencia de un grupo militarizado que opera dentro de una sociedad e intenta apoderarse del estado por motivos políticos.” Posteriormente el Presidente Obama descartó la comparación en observaciones hechas a La Opinión.
El comentario desató un remolino dentro del gabinete de Obama y en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México.
La comparación colombiana
Lo único sorprendente de los conceptos vertidos por Clinton es que los mencionó en voz alta. La Iniciativa Mérida originalmente se propuso como “Plan México” hasta que el nombre fue desechado. La comparación directa con el Plan Colombia se consideró como una desventaja. En México, la idea de la presencia militar estadounidense inflama el sentimiento nacionalista. Mientras tanto, en Estados Unidos el impacto insignificante sobre el tráfico de drogas y el incremento de violaciones a derechos humanos que implicó el Plan Colombia a un costo de 7,300 millones de dólares vuelve preocupante el que sea copiado en la frontera con México.
Cualquiera que sea su nombre, el plan de Bush para México y Centroamérica siempre guardó una relación estrecha con su antecesor del cono sur. El Plan Colombia comenzó como un plan antinarcóticos estructurado según los lineamientos del modelo de guerra antidrogas de aplicación de la ley, bloqueo y uso del ejército, todo ello con la cercana participación de Estados Unidos. El Plan México no incluye la presencia del ejército estadounidense pero sigue el mismo modelo.
La fusión intencional que establece Hilary Clinton de la insurgencia con el narcotráfico surge de una de dos fuentes posibles: ignorancia o desinformación maliciosa. Una insurgencia busca apoderarse de territorio para producir un cambio profundo en la estructura de la sociedad y, por lo general, tomar a su cargo el gobierno. Los narcotraficantes, pese a declaraciones de Calderón en contra, no lanzan ofensivas contra el estado para substituirlo. Su ocupación principal es proteger y expandir su extremadamente lucrativo negocio. El mal entendido –al parecer intencionado- respecto de esta distinción es en parte el fundamento de la fallida política con la que se libra la guerra contra las drogas.
Si la distinción fuera entendida, la estrategia obvia debía ser atacar el negocio, no a quienes lo manejan. Contratar substitutos dentro de un cártel es extremadamente fácil en México. La estructura de los cárteles es flexible, en ellos nuevos dirigentes o pandillas rivales reemplazan a los eliminados o debilitados. Existe una fuente inagotable de hombres jóvenes con escasas perspectivas en la vida en un país donde el gobierno ha fracasado en proporcionarles oportunidades educativas o laborales adecuadas.
Atacar el negocio significa ir tras las estructuras financieras trasnacionales que lo soportan, y ambos gobiernos han parecido renuentes a hacerlo con decisión dado que el dinero de la droga fluye a través de las principales poderosas instituciones financieras, aporta liquidez y financia empresas exteriormente legítimas.
La adopción de políticas regresivas
Poco antes de los señalamientos de Hillary Clinton, el Congreso de E.U. asignó $175 millones de dólares más para la guerra antinarco mexicana sin ninguna revisión o análisis estratégico comprehensivos de los terribles resultados que el modelo ha arrojado hasta la fecha. La violencia vinculada con la droga estalló al sur de la frontera con cerca de 30,000 muertos desde que se declaró la guerra a fines de 2006. Las violaciones de derechos humanos de que se acusa al ejército se habían sextuplicado el año pasado, y justo en los últimos meses efectivos del ejército han matado a tiros a varios civiles.
Los representantes electos por los estadounidenses deberían asignar los dólares de sus impuestos con base en un minucioso análisis de cómo los recursos alcanzarán efectivamente los objetivos relacionados con el bien público. Hoy, cuando se trata de asignar recursos para la defensa en general, y el Plan México es un ejemplo extremo, el modus operandi es: gastar ahora, y lidiar con los resultados desastrosos después…. gastando todavía más. De acuerdo con un informe reciente de la General Accounting Office (Oficina de la Contraloría General de E.U.), la Iniciativa Mérida ni siquiera contiene objetivos a alcanzar por medio de los cuales evaluarla.
La asignación suplementaria para México estipula que las normas bajo el rubro “Control y Cumplimiento de Leyes Antinarcóticos a nivel Internacional” (INCLE) requieren que el Departamento de Estado emita un informe que demuestre el cumplimiento de los requisitos de su Sección 7045(e). Estas “condiciones de derechos humanos”, que algunos legisladores y grupos de Washington impulsaron, reflejan serias preocupaciones de que los fondos estarían fluyendo a fuerzas de seguridad mexicanas notoriamente corruptas y abusivas.
No obstante, en la práctica el Congreso diluyó las condiciones de tal manera que proporcionen una cortina de humo para esconder preocupaciones más graves respecto de la estrategia. El Congreso ignoró las críticas contra la Iniciativa Mérida de la AFL-CIO y organizaciones de ciudadanos y aprobó cinco asignaciones separadas que en total suman casi 1,500 millones de dólares. La iniciativa se transformó de un compromiso de tres años a un pacto permanente.
El 5 de septiembre la Secretaria de Estado Clinton anunció que el gobierno de E.U. estaba reteniendo el 15% de la nueva asignación suplementaria con base en las “condiciones de derechos humanos”. El gobierno mexicano se quejó públicamente y en voz alta pero lo celebró en privado. Las matemáticas son bastante claras: ‘te daremos 175 millones de dólares en fondos extraordinarios pero te retendremos 26 millones de dólares’–de lo que resulta una ganancia neta de 149 millones de dólares. Ambos gobiernos hicieron declaraciones santurronas. El de Estados Unidos criticó a México “olvidando” el hecho de que el crimen trasnacional no podría funcionar sin corrupción dentro de sus propias fronteras. El gobierno de Calderón protestó contra el escándalo sobre los derechos humanos que hacía su vecino cuando tiene una guerra que librar. Hasta la prensa convencional señaló las contradicciones del juego de cifras.
A estas alturas se pensaría que la estrategia de imponer condiciones para lograr una guerra antinarco más bondadosa y amable (como diría Bush padre) estaría absolutamente desacreditada. La interpretación más generosa es que fue una estrategia de parte de grupos y congresistas que malentendieron tanto la situación en México como la nueva relación binacional del Pentágono que se estaba forjando a través del Plan. En lugar de proceder a la necesaria rectificación inmediata, la administración Obama planea pedir todavía más fondos públicos para la política fracasada mientras, de dientes para afuera, defiende los derechos humanos.
Dudas cada vez mayores
La última controversia sobre políticas para el narcotráfico en México sobreviene en medio de las dudas a ambos lados de la frontera. Los senadores mexicanos de todos los partidos políticos excepto el de Calderón, criticaron acremente el “fracaso” de la guerra contra las drogas del presidente en un análisis del cuarto informe anual de la administración. El Partido Revolucionario Institucional señaló que el informe anual presentado por el presidente Calderón mostraba menos incautaciones y ningún aumento notable en arrestos comparados con niveles históricos, y una asignación de tan sólo 1,500 millones de pesos a la prevención de adicciones. Un miembro del Partido de la Revolución Democrática deploró la ecuación de “a más recursos, más muertes”, ya que a la fecha, la guerra contra las drogas le ha costado al castigado presupuesto mexicano cerca de 7 mil millones de dólares.
En Estados Unidos también han crecido las dudas en cuanto a la eficacia de la estrategia. El Subdirector del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) Alonzo R. Peña lamentó que el gobierno mexicano a menudo no tome en cuenta los servicios de inteligencia de E.U. antes de actuar. Peña comentó que en ocasiones el motivo podía ser simple precaución pero que en otras “era completamente corrupción”. En Washington, el aumento de consecuencias negativas ha conducido a inquietudes sobre la falta de una estrategia de salida o un camino claramente definido hacia el éxito.
No hay fórmulas mágicas que se presenten, en particular si se atiende al grave deterioro de la situación en México. No obstante, el Congreso de E.U. no debe ignorar la violencia desencadenada bajo los términos de la política actual, y no puede aceptar los asesinatos como daño colateral. En México, los especialistas calculan que a este paso las muertes relacionadas con el narcotráfico alcanzarán más de 70,000 hacia el final de la presidencia de Calderón, a un ritmo de 50 muertes diarias en todo el país.
Estados Unidos debe empezar por reconocer la responsabilidad que comparte por el crecimiento del crimen organizado en México. Estados Unidos se enfrenta también a enormes desafíos dentro de sus fronteras y comparte la responsabilidad por respaldar una estrategia que de forma tan evidente ha incrementado la brutalidad de los cárteles de la droga. Hay muy escasa información sobre las actividades anticorrupción en Estados Unidos que no sólo no han prevenido, sino de hecho han facilitado el trasiego transfronterizo de substancias ilegales para su distribución a ciudades de una a otra costa. Los programas de tratamiento contra adicciones y prevención de abuso de drogas tienen un presupuesto de miseria. Medidas como la del referendo sobre la regulación de la mariguana podrían eliminar una enorme parte del ingreso de los cárteles sacando la droga del mercado negro.
Las declaraciones de Hillary Clinton revelan las fuertes corrientes dentro del gobierno estadounidense que buscan intensificar la injerencia de E.U. en la guerra mexicana contra las drogas. Nunca es fácil admitir un fracaso de tal magnitud en las políticas, o revertir planes como el Plan México que involucran a los poderosos grupos cabilderos de empresas de defensa y de seguridad privada. Pero el Presidente Obama ha demostrado el valor para admitir errores en el pasado y buscar rectificarlos. Tanto su administración como el Congreso de E.U. deben demostrar hoy ese valor para reorientar decisivamente la descontrolada guerra contra las drogas.
Laura Carlsen es directora del Programa de las Américas del Center for International Policy en http://www.cipamericas.org/.
Este artículo se publicó originalmente en la columna de Laura Carlsen para Foreign Policy in Focus.
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