Carlos Morales Monzón
Director de Coyuntura
Guatemala, 3 de noviembre.- Hoy es obligado hablar de la elección de magistrados, tanto a la Corte Suprema de Justicia como a las Cortes de Apelaciones, no porque alguien me obligue, simplemente porque es el tema coyuntural más importante del país y porque se trata de la puesta en juego del sistema más importante para terminar con la impunidad en Guatemala: el sistema de justicia.
Además, porque he encontrado que con este tema voy a matar dos pájaros de un tiro. Voy a poner en evidencia cómo los “padres de la patria” son incapaces de hacer algo bueno y cómo se logran colar jueces corruptos que han dado muestras de su nulo apego a la legalidad y la justicia.
Entrando en materia, iniciaré exponiendo que, luego del proceso con que se inauguró la Ley de Comisiones de Postulación no me queda la menor duda de que ha sido un paso importante para el país, pero también que debe reformarse para sellar los baches que se hicieron visibles en este proceso.
Debo decir que resulta inaudito que las comisiones de postulación definan un mecanismo de evaluación de los postulantes y luego incluyan en las nóminas que envían al Congreso a quienes han sacado notas que dejan mucho que desear.
Para cualquier persona, incluso sin mucha cultura general, es obvio que si se establece un mecanismo de ponderación, serán los que obtengan las mejoras notas quienes resulten electos.
Es más, estamos acostumbrados a que la nota mínima para aprobar es 60, pero los postuladores incluyeron, sin razón justificada, a varios con notas inferiores.
Luego las listas, de por sí ya manchadas, llegaron al Congreso, donde los diputados hicieron gala de su ignorancia, pero, sobre todo, de su manipuleo político para mantener al país en la senda de la corrupción y la impunidad, incluyeron entre sus elegidos a 6 de los 8 señalados como no idóneos por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la sociedad civil, por tener evidencia de haber cometido actos que demostraban su escasa honorabilidad.
Nada ni nadie los puede salvar de la crítica razonada, porque no tenían argumentos para defenderse, y quienes lo intentaron más bien hicieron el ridículo.
Pero aún así, haciendo alarde de su prepotencia y de su “soberanía”, no dieron marcha atrás. De no ser porque la Corte de Constitucionalidad (CC) aceptó un amparo interpuesto contra la elección, nada hubiese variado y, aún así, mantuvieron a 3 de los señalados entre el grupo electo en una segunda ronda obligada por la CC.
Todo eso sucedió en la elección de los 13 magistrados que ocuparán la nueva Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la lección no pareció haber quedado aprendida.
Cuando vino la elección de magistrados para Salas de Apelaciones, de nuevo se colaron personas no idóneas, como Ovidio Marroquín Estrada y Sergio Amadeo Pineda Castañeda.
Gracias a estos tres personajes, 106 familias se encuentran enfrentando situaciones lamentables y condiciones infrahumanas.
Les hablo de las 106 familias que dependen de su trabajo en el matutino Nuestro Diario y que, pese a la existencia de una orden de reinstalación y del pago de sus salarios caídos de más de un año, ahora no tienen ni para comer y, en algunos casos, hasta han tenido que ver con impotencia como retiran a sus hijos de sus centros educativos por falta de pago.
Los primeros dos son administradores de justicia, uno en Escuintla y otro en Alta Verapaz. Ambos emitieron órdenes de reinstalación a favor de Jorge Springmühl Samayoa como gerente general y representante legal de Diarios Modernos, S.A., la casa editora de Nuestro Diario, aunque en los mismos fallos, con un descaro sorprendente, hacían notar que carecían de la jurisdicción para hacerlo.
Sin embargo, con esos fallos Springmühl ocupa de facto las instalaciones del matutino desde el 24 de julio de 2008, pues ya todos han sido anulados por cortes superiores, incluida la Corte de Constitucionalidad.
Así las cosas, Marroquín y Pineda ocuparán magistraturas titulares en alguna Sala de Apelaciones, pese a demostrar su incapacidad y sus ilegales acciones contra un grupo de trabajadores que lo único que pide es justicia y el derecho al trabajo que la misma ley les reconoce a través de sendas órdenes de reinstalación.
Todo lo que se actúa contra este grupo de trabajadores de Nuestro Diario no sólo es ilegal sino injusto.
Pero aún más, es inhumano, porque se atenta contra la vida de sus familias y de pequeños que nada tienen que ver en un problema que se inició como un diferendo entre socios, pero que Springmühl y sus seguidores, unos formando un grupo de socios minoritarios del matutino y otros trabajadores de ese periódico, han llevado al orden laboral para retardar los procesos e intentar perpetuarse de facto en la administración de Nuestro Diario.
Pero si Marroquín y Pineda están ahora con un puesto de magistrado, los responsables son las Comisiones Postuladoras y los diputados, ya que no hicieron el trabajo que les corresponde y como es debido.
Su obligación era investigar y deshacerse de todo aquel que no cumple con los requisitos mínimos para ocupar un cargo de esa índole.
Ojalá que la historia los juzque, pero que los juzque bien y además los castigue.
